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E. C.
Domingo, 12 de enero 2020, 01:24
Los sindicatos UGT y CC OO de Euskadi están diametralmente en contra de la convocatoria de huelga general que han realizado para el próximo 30 de enero los sindicatos nacionalistas, liderados por ELA y LAB, con otras organizaciones sociales, a través de la plataforma 'Carta ... de Derechos Sociales de Euskal Herria' en defensa de unas pensiones y salarios dignos. A su entender la huelga es absolutamente inoportuna, máxime cuando en Madrid acaba de conformarse un nuevo gobierno que a priori nace con un programa económico y social en línea con las reclamaciones sindicales y de defensa de las pensiones.
El secretario general de UGT Euskadi, Raúl Arza, en declaraciones a EP, se muestra contundente al asegurar que no cree que sea «el momento» para la huelga general y que su convocatoria responde a un interés «de acoso» al Gobierno vasco de Iñigo urkullu por parte de los sindicatos nacionalistas ELA y LAB. Por ello, afirma que «parece más el primer acto de una campaña política para las elecciones vascas que un intento serio de cambiar las cosas respecto a la precariedad, la defensa del sistema público de pensiones y a favor de unas condiciones dignas».
Además, Arza coincide con la secretaria general de CC OO Euskadi, Loli García, que manifiesta que mediante esta huelga no se está buscando defender las pensiones, sino que percibe «intereses de intentar instrumentalizar», e incluso quebrar, la unidad del movimiento de los pensionistas vascos porque la huelga «tiene muy poco que ver con la defensa del sistema público de pensiones y con lo que el movimiento de pensionista ha venido reivindicando».
Ambos destacan que el programa del nuevo gobierno central incluye entre sus planes la derogación de la reforma de pensiones de 2013, la revisión de su revalorización de acuerdo al IPC y la eliminación del factor de sostenibilidad. «No entendemos por qué ahora», insistió Arza.
Desde la perspectiva laboral, UGT y CC OO también discrepan sobre la idoneidad de la huelga cuando el nuevo ejecutivo derogará parte de la reforma laboral del PP, asumiendo la recuperación de la ultraactividad de los convenios colectivos, la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa o la limitación de las actividades a externalizar o subcontratar, al igual del compromiso de elevar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
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