'Pelea' entre los bufetes por hacerse con las 4.000 demandas contra el cártel de los camiones en Euskadi

El caso se inició con la multa récord que impuso la Comisión Europea en 2016 a los seis principales fabricantes de camiones. A raíz de esta sanción, confirmada en abril de 2017, se han interpuesto demandas en los juzgados de toda Europa, en las que los clientes reclaman indemnizaciones por el sobrecoste pagado. En España ha habido, además especiales prisas porque, debido a la falta de trasposición de una directiva, solo había un año para demandar. Los abogados lo han solventado pidiendo interrupciones de la prescripción y ahora, además, se abre una nueva ventana. Y es que Scania, a diferencia del resto, defendió su inocencia y apeló. Se está a la espera de que se pronuncie el Tribunal de Justicia de la UE. Si confirma la condena, se inicia un nuevo plazo y se puede reclamar a Scania lo de cualquier otro fabricante por lo que se llama la 'solidaridad impropia'.

De ahí que se haya recrudecido la pelea por captar camioneros a la vez que llegan las primeras sentencias en España. Entre ellas hay de todo. Una de las más positivas ha sido la primera emitida en Bilbao, dictada por el juez del Mercantil Marcos Bermúdez, que condenó a IVECO a pagar al demandante (Eulen) un 15% por cada camión -6.208 euros por un total de 17 vehículos- más el interés legal del dinero desde la fecha de la compra.

Pero la sentencia, que fue acogida con alborozo por los litigadores, tiene que pasar todavía el filtro de la Audiencia de Bizkaia y probablemente llegue al Supremo. Una de las incertidumbres que plantea es que el propio magistrado no consideró bien acreditado el sobrecoste que el demandante decía haber pagado. Pero eso no arredró a Bermúdez, que hizo su propia estimación con estadísticas de la Comisión Europea y llegó al 15% citado.

La prueba pericial es el principal reto de este proceso, lo más caro y lo más complicado. No hace falta probar la existencia del cártel. Eso ya hizo la Comisión Europea y los fabricantes, solo con la excepción de Scania, lo reconocieron. El problema está en acreditar cuánto ha pagado de más un camionero por su vehículo debido a ese pacto fraudulento de los precios. No es una tarea fácil y, ante la incapacidad de muchos pequeños despachos de abordarla, se está concentrando en bufetes especializados en estos asuntos nacionales e internacionales.

Las asociaciones de transportistas están jugando un papel clave en asesorar a sus socios y tratar de brindarles una plataforma para reclamar. Pero hay muchas dudas de cuál es el camino más seguro: unos apuestan por acudir a Alemania u Holanda con una macrodemanda respaldada por un fondo; otros por los despachos nacionales que trabajan sus propios informes periciales y se decantan por los juzgados locales.

La incertidumbre es elevada y lo demuestra la diversidad de opciones elegidas por las asociaciones vascas. La vizcaína Asetravi (247 socios, 3.100 camiones), en línea con la organización estatal CETM, ha confiado en CCS Abogados, con el catedrático Miguel Caamaño a la cabeza y con demandas por 1.400 camiones solo en Euskadi (34.000 en toda España).

«Llevamos más de dos años trabajando en el informe pericial con un equipo de economistas y económetros. Tenemos, por tanto, la base para poder reclamar en torno al 16,35% de sobrecoste, lo que supone cerca de 12.200 euros para un camión medio de 75.000 euros. Y a eso hay que sumar el interés legal del dinero desde la fecha de la compra», explica Caamaño. Reconoce, no obstante, que todavía no se ha consolidado un criterio en los juzgados nacionales, con sentencias muy dispares, desde un 5% que se reconoció en Valencia a fallos desestimatorios. Aunque está convencido de que conforme lleguen a los jueces las demandas mejor armadas se irá imponiendo una línea positiva.

La Agrupación Alavesa del Transporte (350 socios y 600 camiones) también se ha decantado por un despacho nacional. Se trata de Hispajuris, que gestiona demandas por un millar de camiones en Euskadi unos 15.000 en el conjunto de España. En su caso han realizado el informe pericial a través de la firma Addvalora. «Es muy complicado. Si el negocio del cártel fuese azúcar, sería fácil calcular el sobrecoste, pero aquí se trata de muy diferentes modelos de camiones», señala Ángel Sánchez y Resina.

La guipuzcoana Guitrans (580 socios, 1.905 camiones), por contra, ha recurrido a LKS y su filial dirigida por el alemán Boris Kroczek, que está canalizando las demandas hacia despachos de Alemania, Holanda y España respaldados por fondos de inversión. «Los fondos ponen el dinero para financiar todo el proceso, incluidas las periciales. Se quedan con una parte en caso de ganar, pero de esa forma le sale gratis al cliente», explica Kroczek.