El Gobierno suavizará el recorte a las eléctricas que apliquen precios «razonables»

Se trata de una de las peticiones trasladadas por los primeros ejecutivos de las empresas del sector a la propia Ribera en los encuentros mantenidos en los últimos días para tratar de rebajar la tensión entre Gobierno y eléctricas. La ministra ha anunciado que «en las próximas semanas esperamos poder completar» el decreto que hoy se valida «con medidas adicionales que garanticen la cobertura a través de contratos bilaterales y precios razonables previos a la espiral del gas natural para la industria reforzando simultáneamente la posición de los consumidores vulnerables acogidos al bono social».

El complejo decreto, que tantos quebraderos de cabeza ha provocado en el seno del Gobierno, será previsiblemente convalidado por el Congreso, a pesar de la abstención anunciada del PNV, un socio clave del Ejecutivo. Tampoco se tramitará como proyecto de ley, al extenderse los plazos durante varias semanas y poder quedar casi sin efecto práctico su aplicación. Será, según apuntan fuentes gubernamentales, a través de otros decretos o cambios en leyes en tramitación la fórmula viable para incluir esas modificaciones que Ribera ha apuntado esta mañana durante las próximas semanas.

Por ahora, no habrá cambios en el decreto-ley que el Consejo de Ministros aprobó a mediados de septiembre para amortiguar la subida de la luz, en el que se incluía un recorte de hasta 2.600 millones euros en los ingresos de las grandes compañías eléctricas. Así se lo trasladó este miércoles la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, a los presidentes de Iberdrola, Ignacio Galán, y Naturgy, Francisco Reynés, en el tramo final de los encuentros mantenidos con todo el sector en la última semana.

Salvo sorpresa de última hora, la norma será validada este jueves en el Congreso, sin modificación alguna, después de varias semanas de tensión pública entre el Ejecutivo y buena parte del sector. La cabeza más visible de la irritación con ese decreto ha sido la de Ignacio Galán, quien ha llegado a tildar de «terrorífica legislación» la propuesta que, insiste, provoca incertidumbre regulatoria y paraliza las inversiones de cara a la transición energética con las plantas verdes.

Los dos encuentros de este miércoles al máximo nivel llegaron pocos minutos después de que el Gobierno conociera la posición de la Comisión Europea respecto a las medidas que puede aprobar Bruselas. Pero el paquete de herramientas, como se le denominó, quedó mucho más deslucido de lo que España esperaba. Con este panorama, ambas compañías plantearon a Ribera la necesidad de cambiar el decreto-ley que recorta sus ingresos en una cuantía que, con el precio del gas disparado, puede aumentar hasta los 5.000 millones de euros en los próximos meses. En cualquier caso, el Ministerio de Transición Ecologica puede algunas de las medidas que las eléctricas le han planteado a medio plazo.

El presidente de Naturgy, Francisco Reynés, indicó a la titular de Transición Ecológica que de no garantizarse el carácter temporal de las medidas, esta incertidumbre hará imposible firmar ningún tipo de contrato o de PPA (Power Purchase Agreement) a largo plazo. El PPA es un contrato de compraventa de energía entre un generador y un comprador (una comercializadora) generalmente por un largo plazo temporal.

Durante la reunión, Reynés le trasladó a la ministra varias propuestas con el objetivo de contribuir a un debate constructivo ante la situación actual del sector eléctrico. Entre ellas, que la minoración prevista en el decreto no aplique a las tarifas a precio fijo/PPAs para clientes industriales firmadas antes del 14 de septiembre, porque esto impediría el desarrollo de las renovables y por tanto el cumplimiento del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).

La compañía valoró «positivamente» el encuentro con la ministra y el diálogo constante entre administraciones y actores económicos para abordar soluciones en sectores clave para España, como es el energético.