La crisis de Muface y los problemas de atención médica aceleran la fuga de funcionarios a la sanidad pública

Es cierto que, con datos a cierre de 2024, solo tres de cada diez funcionarios están hoy por hoy en la cartera de la Seguridad Social, frente al 70% del mercado que copan las privadas.

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Sin embargo, la cifra ha ido creciendo exponencialmente en los últimos años. Hace una década, los mutualistas que optaban por la pública suponían solo el 18%. Y ahora, por primera vez en la historia, han batido la barrera del medio millón. En total, 506.756 pacientes que implican 49.449 más que en 2023, coincidiendo con un periodo de alta tensión para el modelo, tras la licitación fallida para el nuevo convenio que obligó al Gobierno a mejorar hasta en dos ocasiones su oferta para convencer a las aseguradoras de mantener vivo el sistema.

Durante el convenio vigente -que comenzó en 2022 y que finalizaba en 2024, pero se ha ampliado hasta abril de este año por los problemas con la licitación- el número de funcionarios que han pasado a engordar la lista de la sanidad pública es de 125.872. Es decir, un 33% más.

La cifra contrasta con la caída del 4% experimentado por las tres grandes aseguradoras -Adeslas, Asisa y DKV, con 1,05 millones de funcionarios en cartera- en el periodo, sufriendo la 'fuga' de 47.107 funcionarios. Solo el pasado ejercicio, y ante las dudas sobre si finalmente acudirían o no a la licitación del nuevo convenio, se produjeron 14.829 salidas del sector privado. Y es previsible que estos primeros meses del año la tendencia se haya acentuado.

Con estas cifras sobre la mesa, queda patente que la Seguridad Social ha sumado mutualistas a un ritmo mucho mayor del que los pierden las aseguradoras, lo que pone de manifiesto el aumento de empleados públicos y familiares que entran desde el inicio al sistema, tal y como indicaba este lunes la Airef.

Solo el pasado año, Adeslas -la mayor aseguradora del modelo- perdió 4.663 mutualistas, hasta dejar su cartera en 504.040. La fuga asciende a casi 19.000 si se toma como referencia todo el periodo del convenio actual, desde el cierre de 2021. Sin embargo, es Asisa la firma que ha perdido un mayor número de funcionarios adscritos: 11.865 menos el pasado año y 35.601 durante todo el concierto, dejando su cartera en 352.000 mutualistas. Paradójicamente, DKV -que no ha acudido a la licitación para el nuevo concierto- es la única que ha ganado presencia superando el pasado ejercicio los 201.000 mutualistas adscritos, tras ganar 1.699 el pasado año y cerca de 7.200 en el actual convenio.

Desde Muface explican que el trasvase hacia la sanidad pública –por primera vez este año caen de la barrera del 70%– se debe a la incorporación de un gran número de funcionarios de escalas superiores (procedentes de los grupos A1 y A2) que tienen un mejor nivel económico y pueden permitirse escoger la sanidad pública y, a la vez, pagarse un seguro sanitario privado, con lo que disfrutan de los dos modelos de salud.

Sin embargo, el sindicato CSIF culpa también de este descenso en el modelo concertado al empeoramiento de la calidad de la prestación sanitaria, consecuencia de la infrafinanciación del concierto con las entidades colaboradoras. Así, critican que en los últimos años se ha producido una reducción de los cuadros médicos, la eliminación de la oferta sanitaria, de especialistas y médicos de familia en determinadas zonas.

El proceso de envejecimiento que se está produciendo en toda la población española en general es aún mucho más acusado en este colectivo, cuya edad media se ha elevado 3,7 años en la última década. Es más, los beneficiarios mayores de 65 años triplican a los niños y representan prácticamente un tercio de los mutualistas.

De ahí que en el último convenio las aseguradoras hayan impuesto que las primas vayan subiendo por tramos de edad, en vez de de forma lineal como hasta ahora. Según el último informe anual de Muface, los mutualistas de más de 74 años han sido los que más han crecido respecto al anterior convenio. En total, un 23,6% hasta contabilizar un total de 187.816. Solo el año pasado aumentaron un 7%. Los funcionarios con entre 45 y 54 años adscritos a Muface fueron el siguiente tramo de edad en presentar un mayor crecimiento, del 16% desde 2021 (cerca de un 5% el pasado año). Datos que contrastan con el leve incremento del 0,5% en el tramo entre 15 y 44 años. O incluso la caída del 5% entre 55 y 64 años (del 2,5% en 2024).

La Airef también apunta a que la disminución del número de beneficiarios de opción privada es también consecuencia del envejecimiento de los titulares de esta opción. «Los mutualistas con doble cobertura destacan la preferencia por la sanidad pública en casos de urgencia médica vital y enfermedad grave, y por la privada para síntomas no graves y el acceso a especialistas», apuntan los expertos.

Esto ha provocado también que la evolución de los ingresos por primas que reciben las aseguradoras privadas del sistema mutualista muestre, en los últimos años, un crecimiento moderado, influido negativamente por esa preferencia creciente de los nuevos titulares por la opción pública y la pérdida de beneficiarios, principalmente hijos que se incorporan al mercado laboral.

Sin embargo, este efecto se ve parcialmente compensado por ese envejecimiento de la población mutualista, ya que los grupos de edad más avanzada tienen asociadas primas de mayor importe. «Esta dinámica está resultando en un modesto incremento del volumen total de financiación destinado a las aseguradoras, mientras se observa un aumento más significativo de mutualistas atendidos por los servicios públicos de salud», apunta la Airef en su informe.