![La crisis descontrolada en Indra deja en el alero la venta de la aeronáutica vasca ITP](https://s2.ppllstatics.com/elcorreo/www/multimedia/202206/29/media/cortadas/indra29-kkPG-U170568873613UcE-1248x770@El%20Correo.jpg)
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Rolls Royce esperaba el pasado lunes que el Gobierno le autorizase a vender la empresa vasca ITP Aero al fondo norteamericano Bain, operación en la que, se suponía, también iba a participar la compañía española Indra. Así llevan nueve meses. Su confianza está puesta ahora ... en que el Ejecutivo se avenga a autorizar el traspaso de ITP en el Consejo de Ministros del próximo martes -la autorización es preceptiva al ser esta una empresa implicada en la industria de Defensa-, pero todo se ha vuelto impredecible. La crisis desatada en la cúpula de Indra, después de que el Gobierno haya protagonizado una auténtica intervención junto a la guipuzcoana Sapa -propiedad de la familia Aperribay, que ha colocado a Jokin, presidente de la Real Sociedad, en el consejo- y al financiero Joseph Oughourlian, presidente de Prisa, ha situado el traspaso de ITP en un mar de dudas.
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Fuentes cercanas al proceso aseguran que en los próximos días el Gobierno de Pedro Sánchez deberá optar por una de las dos opciones que tiene: renunciar a que Indra sea, al menos a corto plazo, un actor destacado en el futuro de ITP y autorizar a Bain a comprar las acciones; o persistir en el intento. En esta opción, advierten, el cierre del traspaso de la empresa vasca puede demorarse muchos meses, quizá hasta finales de año.
Ayer mismo, el consejero de Economía del Gobierno vasco, Pedro Azpiazu, reiteró el deseo de la Administración vasca de participar en el futuro accionariado de ITP, pero admitió que «las turbulencias» que se han generado en Indra «impiden saber cuándo se podrá materializar».
La crisis corporativa de Indra se agravó ayer tras la decisión de dimitir de otro consejero independiente, el guipuzcoano Ignacio Martín, exconsejero de Gamesa y exconsejero delegado de CIE Automotive. Martín anunció que la renuncia efectiva a su cargo se producirá a más tardar a finales de octubre, ya que de hacerlo de forma inmediata provocaría un bloqueo en la comisión de nombramientos de la compañía, lo que dificultaría la posibilidad de restaurar una cierta normalidad en este órgano de gobierno. Su dimisión se une a la de otra consejera que lo anunció el pasado lunes, a la no renovación de otra más y al cese de otros cuatro en la junta de accionistas del pasado jueves, tras unir sus votos Sepi -que es quien ostenta la representación del 25% que el Estado posee en Indra-, Sapa y Oughourlian. Todos los que han dimitido o han sido cesados eran consejeros independientes.
Ayer, en cartas remitidas a la empresa por cinco de estos consejeros, todos ellos incidían en las mismas cuestiones fundamentales. Su única discrepancia clave ha estado ligada a que el presidente de Indra, Marc Murtra, nombrado a instancias del Gobierno, tuviese poderes ejecutivos al no disponer de experiencia suficiente para ello. Además, coinciden en denunciar que quien propuso su cese, el financiero Joseph Oughourlian, hizo referencia a que ello estaba motivado por el comportamiento que habían tenido en el consejo. Si no ha estado presente ni representado en el consejo -señalaban las cartas como denominador común-, ¿cómo es posible que conozca el desempeño que estos independientes han tenido? Todos ellos relatan su malestar por lo sucedido, que no dudan en calificar como un ataque a las buenas prácticas de gobierno corporativo de una compañía cotizada en Bolsa, para resaltar que ha habido una coincidencia de intereses entre los tres accionistas que han apoyado el golpe de mano en la empresa.
Por otra parte, Rodrigo Buenaventura, presidente de la CNMV, reiteró ayer en un acto en Bilbao que el supervisor bursátil investigará con detalle lo sucedido en la compañía y en dos planos diferentes. De un lado, apuntó, para «analizar» si se ha producido una acción concertada entre varios accionistas -los tres que han unido sus votos para vaciar el consejo de independientes-, que les permite ejercer una posición de control. Recordó que si gracias a una concertación se traspasa el 30% de control accionarial, los protagonistas están obligados a presentar una OPA por la totalidad del capital. También estudiará la «calidad de independencia» de los nuevos consejeros que serán nombrados en las próximas semanas.
Mientras tanto, la Asociación de Accionistas Minoritarios anunció ayer su intención de recurrir a los tribunales para denunciar lo sucedido en Indra.
La decisión de la compañía guipuzcoana Sapa de sumarse a los planes del Gobierno para tomar el control de Indra se ha convertido, hasta ahora, en una especie de ratonera con ruinosos resultados económicos. Sapa ha declarado oficialmente ejercer la representación del 5% del capital de Indra, aunque de forma extraoficial ha admitido tener el 8%. De acuerdo con las fechas de sus declaraciones, la firma guipuzcoana de la familia Aperribay ha accedido a esas acciones cuando cotizaban en torno a los 10,5 euros por título. El escándalo suscitado en la cúpula de la compañía ha supuesto un serio revés en la cotización, hasta situarse ayer en 9,08 euros por acción. Esto es, una depreciación del 13,7% que, traducida a euros, supone una pérdida de valor en torno a los 20 millones para la inversión de Sapa. Fuentes conocedoras de la operación, sin embargo, aseguran que Sapa no ha adquirido los títulos sino un derivado, lo que le permitiría eludir las pérdidas si devuelve las acciones dado que las tiene en 'préstamo'.
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