Criptocrisis

La cercana decisión adoptada por el Parlamento salvadoreño de otorgar curso legal a bitcoin no ha dejado de ser sino una delirante iniciativa para una población mínimamente bancarizada que puede dañar gravemente una economía dolarizada como la de El Salvador. Con esta medida, el país está abocado al colapso como han señalado sin titubear el Banco Mundial, el FMI o el Banco de Pagos Internacionales, que además de llevarse las manos a la cabeza tratan por distintos medios de revertirla. Los únicos beneficiarios del desnortado proyecto serían los poseedores de grandes sumas de bitcoin de procedencia fraudulenta. A medio plazo estos agentes procedentes de esferas fraudulentas de la economía obtendrían dólares de sus inversiones, con lo que la operativa global habrá resultado un canje de bitcoin de origen criminal por dólares blanqueados.

Pues bien, los criptoactivos llevan experimentando en las últimas semanas dramáticas correcciones, recortando en algunos casos su cotización a la mitad de sus respectivos máximos históricos, con pérdidas acumuladas de 1,35 billones de dólares, alcanzando en algunas denominaciones caídas del 80% o más.

Se arguye que los recortes obedecen al desencanto observado al no cumplir estos nuevos criptoconstructos con la expectativa de ser refugio de la inflación. No es el caso. Ni lo son ni lo pretendieron ser en modo alguno. Algunas razones circunstanciales pueden encontrarse en las medidas adoptadas recientemente por los reguladores de Rusia, China, Kazajistán, España o Estados Unidos, que amenazan con terminar con la impunidad operativa del bitcoin y otras unidades adláteres.

Pero la verdadera razón del desplome reside en la creciente importancia alcanzada por el stock de criptoactivos en los mercados. Alcanzó los tres billones de dólares en noviembre, cifra equivalente al PIB del Reino Unido, frente a los 620.000 millones de 2017. Esta semana, su capitalización de mercado ha retrocedido a los 2 billones, suma que sigue representando casi cuatro veces la de 2017. Si estas cifras llegan a correlacionarse con los mercados financieros tradicionales, corren el riesgo de influir en su desestabilización.

Criptoactivos y mercados de valores no constituyen ya dos mundos aparte, extremo del que van concienciándose distintas autoridades monetarias del planeta. Dada la extraordinaria volatilidad de los criptoactivos, la incidencia negativa en los mercados de valores tendría especial relevancia en aquellos países que cuenten con una actividad más vigorosa y frecuente de los referidos gadgets digitales, lo que exige de una vez por todas la redacción de un marco comprensivo y coordinado de regulación global que guíe a las normativas nacionales, mitigue los riesgos potenciales que atañen a la estabilidad financiera, protejan al inversor y definan un nuevo ecosistema para los criptoactivos.

Este marco debe establecer requerimientos similares a los exigidos a las entidades financieras en materia de control de riegos, información veraz a la clientela, y muy especialmente en materia de prevención de blanqueo de dinero. La transparencia y disponibilidad de datos en lo referido al origen y destino de los fondos, eliminando cualquier vestigio de anonimato, deben tener una prioridad inequívoca. No es asumible en nuestro moderno sistema financiero que un seudovehículo de compensación concentre, como es patente, un altísimo número de operaciones de naturaleza criminal de escasa o nula trazabilidad.

En las nuevas circunstancias, el encanto despertado por estos activos cederá posiciones hacia el realismo, lo que se traducirá necesariamente en unos precios mucho más cercanos a su valor intrínseco, esto es, muy distantes de los actualmente cotizados y asintóticos a cero.