Consumidores y partidos censuran el fallo del Supremo que libera a la banca de pagar el impuesto hipotecario

La reacción más contundente de los partidos políticos ha venido de la mano de Podemos, que ha convocado una «gran movilización cívica» este sábado a partir de las 18 horas frente a la sede del Tribunal Supremo. Diferentes dirigentes del Partido Popular y Ciudadanos han asegurado respetar la decisión judicial, pero han sido a su vez críticos. El secretario general de los populares, Teodoro García Egea, ha dicho que «los españoles necesitan certidumbre y que quede claro que el consumidor no tiene por qué ser el que pague el impuesto sobre la hipotecas». Mientras, el portavoz de Economía de C's en el Congreso, Toni Roldán, ha enfatizado, a su vez, que «es muy difícil comprender que un tribunal tome una decisión y al cabo de unos días gire 180 grados».

Pedro Sánchez se reunirá mañana con sus ministros de Economía y Justicia, además de su círculo de asesores, para valorar qué medidas legales se pueden modificar. El Gobierno no ha querido opinar sobre la polémica decisión del Tribunal Supremo, pero fuentes de Moncloa aseguran que el Ejecutivo a partir de ahora va a «analizar y estudiar el impacto de la sentencia». Y que el Consejo de Ministros del jueves fijará una posición. La solución que baraja el Gobierno puede ir en la dirección de obligar a la banca a que cargue con el impuesto de AJD, liberando a los clientes. Pero este cambio solo afectaría a las hipotecas que se firmen a partir de ahora.

Tras 16 horas de deliberaciones a lo largo de dos días, el Pleno de la Sala Tercera (la de lo Contencioso Administrativo) resolvió este martes por un ajustado resultado de 15 votos a 13 revocar la doctrina establecida por un tribunal de esa misma sala en una sentencia firme dictada el pasado 16 de octubre, según la cual era la banca y no el cliente la que debía de pagar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) en la firma de los créditos hipotecarios.

Aquella decisión provocó un terremoto inmediato en las entidades financieras, que sufrieron una fuerte sacudida en la Bolsa, y llevó un día después al presidente de esta Sala, el magistrado Luis María Díez-Picazo, a suspender los tres recursos pendientes de resolver sobre este asunto –versaban sobre el mismo recurrente, la empresa municipal de la vivienda de Rivas-Vaciamadrid– debido a la «enorme repercusión económica y social» de esa sentencia. Para resolver el entuerto, Díez-Picazo abocó a que fuera el Pleno el que lo estudiara y se pronunciara.

Tras dos días de discusiones y una profunda división de los 28 magistrados, fracturados en dos bloques prácticamente por la mitad desde el primer minuto, una exigua mayoría simple de 15 de ellos frente a los 13 restantes, apoyó a última hora de la tarde de ayer volver a la doctrina anterior; es decir, que el impuesto de AJD deben seguir pagándolo los clientes, alegando «seguridad jurídica».

Lo hicieron con el voto decisivo del propio presidente de la Sala, Díez-Picazo, pieza clave de todo este embrollo jurídico y muñidor de un Pleno que ha acabado revelándose como el de la discordia. Y además dejaron en un singular limbo jurídico tanto la sentencia firme del 16 de octubre dictada por la Sección Segunda, que fue avalada por cinco de sus seis magistrados, como otras dos que vinieron después sobre los mismos hechos.

Estamos probablemente ante el mayor lío que ha afrontado el Tribunal Supremo en sus 200 años de existencia. Con centenares de miles, si no millones, de afectados esperando la decisión del Pleno convocado por Díez-Picazo tras este giro radical de la jurisprudencia; una banca expectante entre fuertes turbulencias bursátiles ante la posibilidad de abonar a partir de ahora, e incluso retroactivamente, el tributo; y un Gobierno haciendo cuentas ante el agujero fiscal que hubiera provocado esa retroactividad de la medida, de hasta 5.000 millones de euros a devolver a los clientes por parte de las haciendas autonómicas. Pero, finalmente, ese cuadro no se ha pintado y la situación ha vuelto al camino inicial.