«El caso de las consultoras muestra la importancia de las denuncias anónimas»

- El caso llegó a la Autoridad Vasca de la Competencia por una denuncia. ¿Fue de un competidor?

- Fue una denuncia anónima que se presentó en 2016. Se trataba de una denuncia muy bien fundamentada. Este caso nos demuestra la importancia de este canal, porque de otra forma sería muy difícil detectar este tipo de acuerdos entre empresas. Las denuncias nos permiten investigar y reunir indicios para llevar a cabo una incoación.

- También el expediente de los comedores escolares o el de los autobuses de Gipuzkoa llegó por denuncia. ¿Cuántas hay al año?

- Unas 3 o 4. Pero desde luego son muy importantes y por eso trabajamos en proteger la confidencialidad de los denunciantes. También es muy útil el mecanismo de clemencia en una resolución porque ayuda a recabar pruebas. En el expediente de las consultoras se ha usado.

- Se trata de animar a los infractores a colaborar y aflorar pruebas a cambio de una reducción de la multa, ¿no?

- Eso es. Puede lograr la exención total o una reducción.

- ¿Cuentan con medios suficientes para investigar estos casos?

- Hay un importante margen de mejora. Se necesitan herramientas tecnológicas adecuadas y, en el caso de la contratación pública, es crucial el análisis de datos.

- El expediente de las consultoras saltó a la CNMC a pesar de que la mayoría de la actividad del cártel se desarrolló en Euskadi e involucraba a administraciones vascas.

- Ese reparto viene de los criterios establecidos en la ley de 2002. Aunque el 95% del expediente tenga efectos en Euskadi, basta que haya un mínimo porcentaje de impacto fuera para que pase a la CNMC. Desde la Autoridad Vasca de la Competencia estamos trabajando para que haya un cambio.

- Inicialmente la dirección de Competencia propuso una multa de 47 millones y se rebajó a 6,3. ¿Le parece suficiente?

- Solo conozco la resolución final y no me corresponde a mí valorar un expediente que no conozco en profundidad.

- Aparte de la multa, Competencia ha pasado el expediente a la Junta Consultiva de Contratación Pública para una posible inhabilitación de esas empresas. ¿Cómo funciona?

- En Competencia, además de la multa hay otros dos mecanismos que se han aplicado en este caso, la sanción a los directivos y la prohibición para contratar. Este último mecanismo no viene de la ley de defensa de la competencia sino de la ley de contratos del sector público. Competencia lo activa pero es la Junta la que determina la prohibición, que no puede superar los tres años y debe ser acotada en su alcance. Por ejemplo, aplicarse solo a un tipo de contratos.

- La resolución de la CNMC apunta a que, en algunos casos, «se puede deducir que la Administración tuvo conocimiento de las conductas e incluso que los funcionarios las facilitaban». Relata un episodio del Puerto de Bilbao que deja clara esa implicación. ¿Considera que los organismos públicos estaban involucrados en el reparto?

- No puedo pronunciarme sobre ese expediente. Para desvirtuar el carácter antijurídico de las conductas de las empresas haría falta que se haya generado una confianza legítima en los infractores por parte de las administraciones. No parece que en este caso, según la lectura de la resolución, los organismos públicos hayan generado un halo de legalidad tal como para que los infractores creyesen que estaban actuando de forma correcta.

- Si Competencia lo viera así, ¿debería actuar contra la Administración?

- Hay una sentencia de referencia de la CNMC, referida a vinos de Jerez, en la que se probó el papel facilitador de la Administrador. Pero en este caso no se cumple.

- En Euskadi nunca se ha probado la implicación de la Administración. En comedores escolares usted misma descartó la connivencia y lo mismo en los autobuses de Gipuzkoa.

- En ninguno de esos dos casos hubo connivencia. La Administración fue víctima de los pactos ilícitos de las empresas. El comportamiento ilícito tipificado en la ley es el de las empresas. Puede haber casos de connivencia, pero en el expediente de las consultoras la CNMC no deduce eso.

- Los contratos que se repartieron las consultoras del cártel son los de procedimiento negociado sin publicidad, en los que basta con recabar tres ofertas. A veces el organismo público contactaba a una firma y esta se encargaba de buscar a las otras dos. No parece muy transparente.

- Es que no se utilizó de forma correcta.

- Esa posibilidad de contratación se limitó, ¿verdad?

- Sí, con la ley de contratos que entró en vigor en 2018 quedó muy limitada.

- ¿Qué peso tiene la contratación pública en las irregularidades que detectan?

- Es un ámbito en el que pueden darse pactos colusorios. Por eso una de las actuaciones principales de Competencia es la vigilancia de la contratación pública. Hemos elaborado una guía y también realizado actividades de formación. Es importante que los funcionarios que realizan las licitaciones sepan detectar indicios sospechosos.