Las consultoras del cártel vasco podrán seguir contratando con la Administración

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJPC) ha resuelto con sendas sentencias el enfrentamiento entre la CNMC y el Ministerio de Hacienda. Hasta ahora, cuando dictaba un expediente con la prohibición de contratar con la Administración, el órgano de Competencia elevaba este punto a la Junta de Contratación Pública del Estado, que depende de la cartera de Hacienda. Ese órgano venía estableciendo la duración y extensión de las prohibiciones de las firmas sancionadas. La Justicia «recuerda» ahora que la CNMC tiene esa potestad sin necesidad de la mediación del ministerio. Se pone fin así a un contencioso en el que Competencia venía reclamando esta atribución. Y es que la práctica de la Junta de Contratación del Estado era esperar a que terminara el proceso judicial que muchas empresas expedientadas iniciaban en tribunales contra la CNMC. Un hecho que terminaba haciendo caer en el limbo la prohibición de contratar con la Administración.

En lo que se llamó la «red del norte» del caso del cártel de las consultoras, la CNMC impuso la imposibilidad de contratar con la Administración a las expedientadas, entre ellas Deloitte Consulting, B+I Strategy, S&F Consultans o PwC Asesores de Negocios.

El valor de los contratos que fueron amañados con la preparación de ofertas de cobertura ascendió en Euskadi a 101 licitaciones por un importe de 3,3 millones de euros que tuvieron lugar entre 2009 y 2018. El Gobierno vasco era el licitador del 36% de esas adjudicaciones, con un valor de 1,2 millones de euros, por los 1,08 millones de euros del Ayuntamiento de Bilbao o los 502.000 euros de la Diputación de Bizkaia. Las investigaciones sobre el caso se iniciaron desde el Observatorio Vasco de la Competencia, dirigido entonces por Pilar Canedo, que actualmente forma parte como consejera de la CNMC y que participó en la resolución definitiva del expediente incoado.

Según han confirmado fuentes de la CNMC, el «principio de no retroactividad» se aplicará en el caso del País Vasco. Y, por lo tanto, no cabe la prohibición de no contratar con la Administración para estas consultoras, tal y como había propuesto Competencia, si ello no pasa por el Ministerio de Hacienda. El nuevo criterio solo será de aplicación a partir de los casos que surjan desde ahora y no es válido para los antiguos, como el de Euskadi.

El expediente de las consultoras fue trasladado por la CNMC a la Junta de Contratación y ahí esperan a que terminen los diversos recursos que, en vía judicial, las compañías han interpuesto contra la sanción de Competencia.

El Gobierno vasco, ante las reclamaciones de EH Bildu, PP+Cs y Podemos para suspender las contrataciones, siempre ha defendido esperar a esta determinación y ver cómo se resuelven los recursos interpuestos.

Lo que sí han ido realizando las principales consultoras afectadas es el cambio de sus estructuras y personal responsable de este área de consultoría pública. La división de esta línea de Deloitte cambió con la salida de Ana Andueza. Del mismo modo pasó con Maryam Luzárraga en PwC o con S&F Consultans, que renovó su equipo de trabajo con la salida también de su entonces responsable, Leandro Ardanza.

Según el expediente sancionador de la CNMC, Deloitte Consulting acumuló 1,5 millones de euros en adjudicaciones para las que preparó contratos de cobertura con otras empresas pactando precios y ofertas. En el caso de S&F Consultans este importe fue de 1,08 millones, por 368.440 de B+I Strategy.