El Gobierno central acaba de fijar el nuevo salario mínimo para 2025 mientras Euskadi avanza en su proceso para disponer de su propio suelo, acorde a la realidad socioeconómica del territorio. La licitación lanzada por el Ejecutivo autonómico para que una consultora calcule un SMI ... vasco ya tiene adjudicataria. La firma guipuzcoana Ikertalde, dirigida por Iñigo Arteche, será quien asuma la tarea por un importe de 14.000 euros. El concurso se ha articulado como un contrato menor por ser inferior a 15.000 euros, de forma que se ha invitado a tres compañías a participar. Pero solo Ikertalde ha aceptado, mientras que las otras dos, Ikei Research e Iseak, han rechazado la oferta.
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El encargo consiste exactamente en «un estudio que justifique y proponga un indicador de salario mínimo de convenio para el País Vasco». El Gobierno vasco se comprometió a poner esta referencia sobre la mesa como contribución a la negociación abierta a petición de los sindicatos para fijar un SMI diferente para Euskadi, donde el coste de vida es mayor. La primera cita será el próximo jueves 6 de febrero y la patronal Confebask ya dijo en su momento que aceptaba sentarse, si bien no quiso ir más allá.
La petición de esta mesa fue unánime de todos los sindicatos –ELA, LAB, CC OO y UGT– en lo que supone una unidad de acción casi inédita. No obstante, hay grandes diferencias entre las centrales sobre cómo abordar esta negociación. Así, los dos sindicatos abertzales pretenden que el salario mínimo que se acuerde se aplique a todos los trabajadores, incluso a aquellos que no están sujetos a la negociación colectiva, como las empleadas del hogar. También se han adelantado a fijar ya sus propios cálculos: LAB pide 1.600 euros y ELA eleva la cuantía a 1.795 euros. CC OO y UGT Euskadi, por su parte, no quieren dar cifras y dudan de que el SMI vasco se pueda aplicar incluso en los convenios negociados a escala estatal con aplicación en Euskadi.
Además, ELA y LAB están trabajando en una vía alternativa para tener un SMI que consiste en presentar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en el Parlamento vasco para que los partidos políticos impulsen a su vez en el Congreso los cambios necesarios para que Euskadi tenga competencias en esta materia, ahora exclusiva del Estado. Es un debate político que levanta ampollas, puesto que abriría la puerta a que todas las comunidades tengan esta prerrogativa y en algunas la discusión podría ser bajarlo.
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El vicelehendari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, no se ha pronunciado sobre esta posibilidad y ha querido dejar claro que su apuesta es por «su implantación vía convenios colectivos», mediante un acuerdo entre patronal y sindicatos. Y para ello pone sobre la mesa un cálculo que ayude a llegar a un acuerdo.
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