El consejero de Industria niega la fuga de empresas en Euskadi que denuncia el PP

El portavoz popular de cuestiones económicas ha encotnado una respuesta escueta y contundente del consejero de Industria del Gobierno vasco, Mikel Jauregi: «No hay fuga de empresas en Euskadi». Gotxi ha respondido que, «aunque el consejero no se haya enterado, no significa que no sea verdad». Así ha arrancado el debate de esta cuestión en la Cámara.

Y es que el responsable de la cartera industrial del Gobierno vasco no considera que se pueda calificar el proceso de salida de empresas como algo masificado. Con el eco en la actualidad de situaciones como la de Talgo o Supermercados BM, Jauregi ha explicado que su departamento viene trabajando «con discreción para que salgan proyectos como país». Además, defendió los contactos «que mantenemos con los principales agentes empresariales para ver cómo sacamos al país adelante».

El consejero ha insistido en que el Gobierno prepara un nuevo Plan de Industria con el que tratar de potenciar este sector en Euskadi. «Trabajamos con responsabilidad, de modo sosegado, sin prisa y sin pausa, pero sobre todo con ambición, con la que merece esta sociedad y este país», señaló.

Por la problemática generada en el País Vasco con la marcha de algunas grandes empresas, este año entró en vigor una ley aprobada en la pasada legislatura que establecía la obligatoriedad para devolver las ayudas recibidas. En la norma que regula las subvenciones se exige el reintegro de las cantidades percibidas en los últimos ocho años para las empresas que se vayan o trasladen parte de su producción fuera de Euskadi.

Sobre las renovables, el consejero que señaló que «Euskadi está a la cola de Europa» en la implantación de estas energías, ha insistido en la necesidad de avanzar en esta línea. Ha añadido, además, que sobre el centenar de proyectos para estas instalaciones registrados en el País Vasco, el Gobierno «realizará un análisis sereno, racional y con soluciones equilibradas y con una implementación ordenada».

Una tramitación para la que ha recordado no solo cuenta la actuación del Gobierno vasco. «Hay que analizar muchos puntos: la viabilidad ambiental, la viabilidad territorial, la capacidad de la conexión a la red y, por último, el promotor debe ver la viabilidad económica».