El Congreso culpa a los supervisores de la crisis y elude la responsabilidad de los políticos

Los políticos se han asegurado un dictamen en el que evitan cualquier responsabilidad de sus antiguos o actuales compañeros de bancada en el caso del PSOE y el PP. Su mayoría parlamentaria en este órgano ha conseguido que las miradas se dirijan hacia organismos que habrían actuado con una política que «cuanto menos» -apunta el documento- «puede calificarse de laxa» a la hora de vigilar y tomar medidas para evitar que la crisis fuera tan dura como finalmente resultó.

El reguero de críticas aprovecha para explicar algunas de las más de 80 intervenciones que han pasado por el Congreso en estos últimos meses que los órganos de gobierno del Banco de España «estaban faltando a su obligación de reconducir la situación». E incluso apunta a su «pasividad», en referencia a la comparecencia de algunos inspectores de la institución.

Ante estas conclusiones, la comisión ha apoyado por una amplia mayoría mejorar los órganos reguladores y supervisores para evitar futuras crisis económicas. Para ello, instan a poner en marcha una Autoridad Macroprudencial -una iniciativa que ya está llevando a cabo el Ministerio de Economía-; otra para proteger a los clientes -también se encuentra en fase de estudio-; o una reformulación de las funciones con un organismo encargado de la supervisión y otro relativo a las normas de conductas.

Conscientes del daño que han sufrido muchas familias y empresas en los peores años de la recesión económica y financiera, los diputados abogan por que los bancos mejoren su imagen pública. «Es necesario reconstruir la relación de confianza con los clientes, poniéndolos siempre en el centro de todas las decisiones», mejorando la transparencia, «haciendo productos más sencillos», expone el texto.

En lo relativo a las participaciones preferentes, la comisión cree que el supervisor «permitió» su venta pese a que «ya se tenía constancia sobre la aversión a estos productos» por parte de los grandes inversores. También responsabiliza a los banqueros al sostener que «en muchos casos fueron intereses espurios ajenos al general los que primaron en las políticas comerciales» de las entidades.

Pero en ese dictamen apenas hay referencias al papel que jugaron los partidos políticos que han gobernado en la última década en las Administraciones desde el Gobierno a los ayuntamientos pasando por las comunidades autónomas. Solo se hacen referencias genéricas como la relativa a «la falta de previsión sobre el acaecimiento de la crisis y la insuficiencia de las medidas adoptadas para anular o al menos moderar su magnitud y consecuencias». La presidenta de la comisión, Ana Oramas, se felicitó este jueves porque más del 90% de las propuestas de los grupos habían salido adelante. Los grupos pueden presentar sus votos particulares hasta el 17 de diciembre. Sin embargo, las que se quedaron fuera de acuerdo fueron las más relevantes en cuanto al dictamen de por qué se llegó a esa situación.

Del acuerdo por el dictamen se descolgó finalmente Ciudadanos, cuyo grupo votó en contra; y Podemos, que se abstuvo al considerar que no se profundiza en las verdaderas causas y culpables. El partido liderado por Albert Rivera considera un «pasteleo» de PP y PSOE el hecho de que no se haga referencia a la gestión de las cajas de ahorro. Ciudadanos también se ha opuesto a estas conclusiones por la ausencia de referencias a las tarjetas 'black' de Bankia. Solo se menciona este caso para hablar de comportamientos poco éticos de forma genérica. El texto analiza lo que ocurrió en Bankia, donde indican que hubo «prácticas acreditadas como delictivas en el sistema de remuneración de sus dirigentes», y que estas fueron producto, entre otras cosas, «de una gobernanza altamente defectuosa».