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La Comisión de Hacienda se reunía ayer en ponencia para debatir y votar las enmiendas al proyecto de ley que fija un impuesto mínimo del ... 15% a las multinacionales y grupos nacionales de gran magnitud, una norma que el Gobierno ha aprovechado para incluir vía enmiendas en sus propuestas de reforma fiscal.
Dada la inestabilidad parlamentaria del Ejecutivo, este no tiene garantizado que vayan a ser aprobadas las medidas. En todo caso, ayer solo se aprobaron enmiendas técnicas al impuesto a las multinacionales -que es una transposición de una directiva comunitaria- dejando para el próximo lunes la votación en la Comisión de Hacienda del resto de propuestas.
Será entonces cuando se decida si se prorroga tres años más el impuesto especial a la banca. El PSOE acordó con el PNV modificar este gravamen y convertirlo en un impuesto progresivo (con tipos del 1% al 6%) sobre el margen de intereses y las comisiones de las entidades, de manera que pueda ser gestionado en el marco del Concierto Económico vasco como un tributo concertado. Pero ese pacto es rechazado por su socio de Gobierno, Sumar, y por Bildu, ERC y BNG, que han presentado sus propias enmiendas defendiendo la permanencia del gravamen extraordinario a la banca, pero también el de las energéticas. Este último es el que el Gobierno ha decidido dejar que decaiga a final de año. Su continuidad era rechazada de plano por los independentistas de Junts, ya que ponía en riesgo inversiones de 1.100 millones de Repsol en Tarragona. Podemos tampoco apoyará el proyecto si se intenta sacar adelante librando a las energéticas.
El PNV, contrario al mantenimiento de la estructura actual del gravamen, centra su reclamación en que si siguen estos tributos lo hagan como un impuesto en el sistema del Concierto Económico, lo que dejaría su regulación en las diputaciones vascas ganando así una posibilidad de ofrecer mejores condiciones a las empresas. Una cuestión que ha despertado el rechazo de otras autonomías e, incluso, de su socio en el Gobierno vasco. El PSE, de hecho, acusó a los jeltzales de querer hacer «'dumping' fiscal y perdonar impuestos» a un «compañero de partido», en referencia al presidente de Repsol, Josu Jon Imaz, que lo fue también del PNV entre 2004 y 2008.
El Gobierno vasco tiene contabilizados en el proyecto de Presupuestos para el próximo año unos ingresos de 119 millones, 52 procedentes del impuesto a la banca y otros 67 del de las energéticas. Serían el pago a cuenta de este 2024 de las actuales prestaciones patrimoniales y de las que el Estado aporta un 6,24% a Euskadi. A la espera de la redacción final y de cómo, posteriormente, sea regulado en las Juntas Generales, el impuesto a la banca afectaría en Euskadi a un contribuyente, Kutxabank. La entidad presidida por Antón Arriola, pagó 72 millones el último ejercicio.
Por su parte, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha puesto en duda la constitucionalidad del impuesto sobre el sector bancario y considera que es más bien una «multa» al sector por no gozar de la simpatía del Gobierno. Fedea (entre cuyos patronos están los principales bancos) señala que la vía de tramitación se ha hecho para evitar los informes preceptivos de órganos consultivos. En su opinión, estos informes «difícilmente podrían evitar plantear objeciones de calado a una propuesta de más que dudosa constitucionalidad».
La Comisión de Hacienda debatirá otras medidas fiscales propuestas por el Gobierno como la subida de los impuestos especiales al diésel para equipararlo a la gasolina, el incremento de la fiscalidad sobre el tabaco y el vapeo, y la subida de un punto en el tipo impositivo de las rentas de capital superiores a 300.000 euros, que se situaría en el 29%.
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