Competencia multa con 6,3 millones al cártel de las consultoras, muy vinculado a Euskadi

En su resolución, la CNMC rebaja considerablemente las multas desde los 47 millones que propuso inicialmente. No obstante, advierte de que «ha activado el proceso legal para que algunas de estas empresas no puedan participar en próximos concursos con la Administración». La resolución pasará a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda, que tomará las decisiones al respecto. La prohibición puede ser un golpe en esta etapa en la que se esperan los fondos europeos. Contra la sanción cabe recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional.

Competencia divide el entramado en dos redes. Por una lado la del norte, con Euskadi como epicentro, aunque también con ramificaciones en otras comunidades como Cantabria y Castilla y León; la otra es la nacional, aunque hay empresas que actúan en las dos. La red norte se lleva el grueso de las multas, con 5,7 millones de euros. La mayor es para Deloitte, con 3,9 millones; seguida de PwC (670.000) e Idom (640.000). Entre las pequeñas destaca B+I Strategy, con 153.529 euros, y 97 S&F, con 131.593. Estas cuantías se deben a su facturación, pero también a su grado de implicación.

Así, Competencia destaca la alta participación que tienen tres de ellas: B+I Strategy (liderada por Sabin Azua), Deloitte y 97 S&F (dirigida por Leandro Ardanza). Dice que son «instigadoras» de las demás, «mediante la llamada o propuesta a la presentación de ofertas de cobertura». Por eso también sus directivos están entre los penalizados.

Uno de los muchos correos que prueban estas prácticas revela claramente el 'modus operandi'. Es de la dirección de 97 S&F a una empleada: «Necesitamos hacer tres propuestas diferentes para que nos lo adjudiquen. La nuestra la tenemos que hacer bonita y bien. Para las otras dos utilizaremos de cobertura a Deloitte y a otra empresa, que la tengo que pensar. Tienes que imaginar las otras dos propuestas perdedoras». En ese caso el organismo era Bilbao Ekintza.

El expediente no profundiza en el grado de implicación de las administraciones, aunque recoge evidencias de su conocimiento. Algunos de los encausados aseguran que son los propios organismos públicos licitadores los que les animan a funcionar de esta manera. Según explica Competencia, «generalmente se trataba de contratos negociados sin publicidad», que son aquellos de menos de 60.000 euros y más de 12.000, en los que no es obligatoria la difusión: basta con pedir tres propuestas y elegir la mejor.

La clave está en las ofertas de cobertura que se presentan para cumplir el requisito de que haya tres, aunque la ganadora esté clara desde el principio. «Una de las consultoras invitaba a participar a otras firmas de su red de colaboración; les solicitaba una propuesta perdedora o que declinaran la invitación», señala la CNMC.

La resolución ha tardado más del plazo estipulado de 18 meses debido a la pandemia y también a los cambios en la cúpula de la Competencia, tras el relevo de José María Marín Quemada por Cani Fernández. La causa se abrió en febrero de 2019, tras la denuncia de la Autoridad Vasca de la Competencia, que llevaba investigando desde 2016. De hecho, a principios de enero de 2017 se realizaron inspecciones en varias sedes por la AVC, que entonces estaba liderada por Pilar Canedo. En junio de ese año renunció al cargo y entró a formar parte del consejo de la CNMC. Forma parte de la Sala de Competencia que ahora ha ratificado la resolución.

En un principio el expediente sancionador afectaba a 25 entidades y luego se fue ampliando hasta 36 firmas y directivos. Algunas empresas han quedado exculpadas y otras, como PA Consulting, han reducido la multa hasta un 40% al colaborar dentro del llamado proceso de clemencia.