La CNMC, en sus horas más bajas

Porque la CNMC tal y como la entendemos hoy nació el 7 de octubre de 2013 tras un controvertido proceso de fusión de siete organismos supervisores y reguladores, entre ellos la antigua Comisión Nacional de la Competencia (CNC) y la Comisión Nacional de la Energía (CNE). Las críticas políticas a este modelo de gobernanza -que integraba la aplicación de las normas de competencia y la supervisión de las reguladoras- han sido una constante a lo largo de todo este tiempo. Frente a ellas, José María Marín Quemada ha defendido la independencia el organismo que preside respecto a los poderes políticos y económicos.

Pero en los últimos tiempos la actuación, el funcionamiento, e incluso las atribuciones que la ley le confiere a la CNMC han sido más cuestionadas que nunca. En primer lugar, porque ha sido sometida a un vaciamiento de competencias. Por ejemplo, las referidas a la fijación de los peajes eléctricos -la parte regulada del recibo de la luz- o la gestión del espectro radioléctrico -las frecuencias por las que funciona la televisión digital o la telefonía móvil-, que han pasado a manos del ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.

Marín Quemada ha reclamado en numerosas ocasiones que el Gobierno otorgue a la CNMC la potestad de controlar ambas competencias, en aras de la legalidad que emana de Bruselas. De hecho, el presidente del 'superregulador' advierte sobre las medidas sancionadoras que la Comisión Europea podría aplicar sobre España por incumplir dos directivas respecto al mercado interno de la electricidad y del gas.

Por si fuera poco, la CNMC ha visto como en los últimos meses muchas de las multas impuestas a empresas que han vulnerado las leyes de la competencia han sido anuladas por los tribunales. La última de ellas, la de 25,8 millones de euros impuesta en 2014 a Telefónica Móviles por un asunto relacionado con contratos que ofrecían descuentos especiales para pymes. Es sólo una muestra de las decenas de sentencias de la CNMC que han sido cuestionadas por la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo. En unos casos la Justicia ha anulado las multas impuestas. En otros, obligan a la revisión de las sentencia, o a la suspensión de las resoluciones. El problema es que con demasiada frecuencia estos reveses judiciales no ponen en cuestión las conductas, presuntamente punibles, de las empresas sancionadas, sino que se deben a defectos de forma en las sentencias. Por ejemplo, en el caso de la multa impuesta a Repsol -22,6 millones de euros- anulada por la Audiencia Nacional el pasado mes de agosto.

Tampoco juega a favor de la reputación de la CNMC el hecho de que sólo ha conseguido cobrar el 3% de los 900 millones de euros impuestos en multas desde su creación (280 sanciones a empresas). El superregulador explica esta circunstancia con el argumento de que las compañías recurren la sanción sistemáticamente (más del 80% acaban en la Audiencia Nacional) y que el proceso judicial retrasa muchos años (puede que hasta una década) el pago de las multas, algo que por otra parte también ocurría en los tiempos de la antigua CNC. También destaca que, entre 2015 y 2016, más de un 85% de los casos revisados por el Tribunal Supremo «confirmaron el fondo de las resoluciones de la CNMC».

El caso es que la CNMC está dispuesta a tomar medidas para reducir ese ratio de reveses judiciales y mejorar su funcionamiento en general. El organismo reforzará el análisis económico y jurídico «para robustecer las resoluciones y el análisis de los informes periciales» durante la instrucción de los expedientes. Además, ha anunciado la creación de una unidad de inteligencia económica con el objetivo de «reforzar la investigación de oficio, especialmente en materia de contratación pública».

Desde la aprobación de la Ley de la Defensa de la Competencia los distintos organismos supervisores han desarticulado más de 60 cárteles que han afectado a casi todos lo sectores de la economía española (telecomunicaciones, productos lácteos, recogida de residuos urbanos, automóviles, etc.).