El sector eléctrico, y la energía en general, son sectores muy regulados. No por ideología, sino por su propia estructura. La producción ha de estar ligada a la demanda, como en todos los demás sectores de la economía. Pero en este, la producción tiene características ... especiales, dada la variedad de sus orígenes, sus costes diferentes y sus impactos desiguales. No es lo mismo una hidroeléctrica, que inunda un valle y obliga a la construcción de una infraestrura enorme con impacto en el entorno; aunque luego su funcionamiento sea barato pues solo necesita que llueva, es ágil en su entrada a producir y en sus paradas y carece de impacto sobre el entorno. La nuclear es muy costosa en la construcción y, aunque su funcionamiento lo es menos, provoca temor social y la gestión de sus residuos causa problemas no resueltos. También es necesario programar bien sus entradas y salidas del sistema, pues cada unidad produce muchos kilovatios y las centrales son muy rígidas. Las térmicas son menos caras de construcción y son ágiles de funcionar, pero producen mucho C02 y están mal vistas. Todo lo contrario que las renovables, cuya contestación social es menor, y su funcionamiento más ágil, pero que producen de manera más autónoma y alejada de los deseos del hombre, al depender del sol o del viento.

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Y toda esa variedad hay que ponerla al servicio de una demanda tremendamente estacional por meses y días, y complicada por los caprichos de la climatología. Si añade que el desarrollo tecnológico actual no permite almacenar la electricidad más que en unidades minúsculas, y que el CO2 se ha convertido en un mercado complejo, se encontrará ante un problema endiablado de gestión del sistema. Como resultado de todo ello, la electricidad es cara para los particulares. No siempre, pero sí a menudo; y muy cara para las empresas, sobre todo para las electrointensivas.

De ahí que el Gobierno quiera evitar que las centrales más baratas y menos contaminantes, como las hidroeléctricas y las nucleares, muchas de ellas ya amortizadas, puedan beneficiarse de los precios marginales que operan en las subastas actuales de generación. Quiere quitar eso tan bonito que los entendidos llaman 'windfall profits' y que serían unos beneficios que 'caen del cielo', como el maná sobre los judíos en el Sinaí.

Sin duda alguna la medida abarataría la factura de la luz, al restar unos millones a las empresas, pero creo que no es justa. Los beneficios no caen del cielo. Aquí ha habido empresas que han invertido y arriesgado miles de millones en su construcción y más en su mantenimiento operativo, y eso les ha permitido prolongar su vida útil más allá de su vida contable. Los márgenes no caen del cielo de manera discrecional y caprichosa, sino que proceden de decisiones de gestión prudentes y duraderas en el tiempo. ¿Merecen algún castigo por ello?

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