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Treinta años, toda una trayectoria profesional en el desarrollo de elementos que garanticen la libre competencia en los mercados. Es el tiempo que la presidenta de la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia), Cani Fernández, lleva trabajando en este campo. Un periodo ... en el que puede asegurar que se ha avanzado «muchísimo». Ahora, en el centro de la tormenta energética, todas las miradas se centran en el regulador y en su papel para garantizar que no haya abusos que hagan aún más gravosas las facturas de la luz.
- ¿Están las energéticas dificultando el cambio a la tarifa regulada de los clientes?
- Hay un trasvase masivo, cada semana se trasladan de tarifa 8.000 clientes. Solamente en septiembre el cambio fue realizado por 27.000 usuarios. Lo que se están produciendo son cuellos de botella.
- Entonces, ¿las compañías no se están aprovechando?
- Estamos tratando de distinguir situaciones de gestión ingente, no previsible, de una obstaculización. Hemos hecho algunos requerimientos de información en el marco de un expediente informativo, que no es un expediente sancionador.
- El Gobierno les ha encargado un análisis del tope al gas. ¿Defenderán mantenerlo?
- Esa intervención del mercado, desde luego, lo que ha hecho es lograr una reducción de precios, también en la luz. Y eso lo reflejamos en nuestro informe. También analizamos posibles mejoras de cara al pago del coste de esa compensación.
- ¿Es verdad que beneficia a Francia y Portugal?
- Es verdad. En el caso de Portugal, está integrada en el mercado ibérico, es como si fuera otra provincia más de España. En el caso de Francia, últimamente tiene unos precios más bajos, pero de julio aquí hemos estado exportando electricidad al máximo de la capacidad de conexión.
- El análisis del tope al gas, el impuesto a la banca, a las eléctricas... ¿Se está abusando de Competencia con tanto encargo?
- Es cierto que los gobiernos no deben ceder a la tentación de adjudicarnos excesivas funciones coyunturales que pongan en riesgo nuestro cometido de mantener el mercado abierto y competitivo.
- Vamos, que no dan abasto.
- En una situación de crisis, todos tenemos que arrimar el hombro. Pero me gustaría hacer un llamamiento a los gobernantes para que si nos encargan algo que vaya a ser coyuntural, nos doten de medios para hacerlo.
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- Las telecomunicaciones afronta un proceso de integraciones. La primera es de la propietaria de Euskaltel, MásMóvil, con Orange. ¿Van a ser permisivos?
- Esa operación es de dimensión comunitaria, es la Dirección General de Bruselas la competente. Nosotros solicitaremos presentar observaciones porque tenemos conocimiento del sector y somos reguladores, pero es pronto para saber en qué términos.
- Las empresas reclaman facilitar estas fusiones para poder acometer así las inversiones en redes y en 5G.
- Hay que ver lo que hace falta en cada país. España, en cuanto a la fibra, parte de un posición muy buena. Y para la inversión en 5G, lo que necesitamos son mercados atractivos. Que haya mayor o menor competencia, en sí mismo, no garantiza mayor o menor apetito inversor. Lo que sí se ha demostrado hasta ahora es mucho interés en las adjudicaciones del espectro para el 5G. Tendremos que ver si también es así cuando llegue el momento de desplegarlo.
- Hay dos sentencias que les reconocen el derecho de prohibir a empresas sancionadas contratar con la Administración. ¿Lo van a ejercer?
- Hasta ahora hemos trasladado a la Junta de Contratación -Ministerio de Hacienda- la fijación del alcance y duración de esa prohibición. Pero sí estamos analizando la opción de imponer directamente ese alcance y esa duración en nuestras propias resoluciones, porque la vía judicial puede suspender las sanciones y pueden darse situaciones tan absurdas como que se aplique la prohibición seis años después y cuando la empresa ya ha puesto los medios para que no vuelva a suceder.
- ¿Las empresas podrían quedarse fuera de la contratación pública al recibir la sanción?
- Obviamente, las compañías son libres de recurrir también esa prohibición. Pero también pueden tener otra posibilidad, que es la de convencernos de que han adoptado los medios materiales y humanos para garantizar que esa vulneración no se va a volver a producir. Si es así, podríamos levantar la prohibición.
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