Los cambios en Euskadi, si los hay, se abordarán en 2024

A expensas de lo que suceda con el impuesto de grandes fortunas -es el único territorio en España en el que no se ha aplicado todavía y las diputaciones se han comprometido a aprobarlo antes de que finalice el año-, la reforma anunciada en 2019 está en el cajón. Los gobiernos forales han decidido abrir un «periodo de evaluación» -un recurso retórico como otro cualquiera que sirve para que corra el tiempo- para abordar teóricamente una propuesta de cambios tributarios en la primera mitad de 2024.

Hay aspectos de coyuntura política que han condicionado este nuevo aplazamiento. En las diputaciones de Gipuzkoa y Álava, los gobiernos forales de PNV y PSE no disponen de una mayoría absoluta y necesitan alcanzar pactos con una tercera fuerza. Las elecciones autonómicas vascas en 2024 tampoco parecen el escenario más propicio para una reforma fiscal, al menos en la primera mitad del año. Suprimir el Impuesto de Patrimonio es algo que está descartado por PNV y PSE, que en todo caso son más favorables a que se extienda la vigencia del de grandes fortunas en Madrid para evitar el goteo de fugas de algunos empresarios.

Pero junto a ello también hay razones técnicas que evitan caer en urgencias legislativas. La fiscalidad vasca es atractiva para las empresas -tipos ligeramente inferiores, mayores deducciones para inversiones en I+D y algunas fórmulas de ingeniería fiscal para inversores en 'startups'-; el Impuesto de Sucesiones es de baja intensidad y en el IRPF se encuentra en una zona intermedia entre las comunidades de mayor y menor presión fiscal.

El marginal del IRPF -en Euskadi es del 49%-, navega entre el 45% de Madrid y el 54% de la Comunidad Valenciana. Incluso, se mantiene la deducción por inversión en vivienda habitual que el Gobierno central abolió a partir de 2013.