El PNV busca cómo eliminar el Impuesto de Patrimonio sin perder recaudación

La polémica en público sobre qué hacer no decayó ayer. El diputado general de Álava, el primero que lanzó el debate hace dos semanas, insistió en revisar la pertinencia de mantener Patrimonio a la vista de sus consecuencias, pero se esmeró en subrayar que no quiere entrar en colisión con el consejero de Hacienda, crítico con la idea. Ramiro González, tras negar discrepancias en el seno del PNV, dijo que «coincido en el fondo con el consejero Azpiazu en que cualquier modificación tributaria no puede suponer una menor recaudación». Pero añadió que su apuesta al frente de la Diputación es hacer de Álava «un territorio competitivo en comparación con otros del Norte de Europa».

Su homólogo guipuzcoano, Markel Olano, dijo en cambio que la prioridad del Ejecutivo que dirige no es comenzar «una carrera» de bajada de tipos o de eliminación de impuestos. Lo fundamental para Gipuzkoa, enfatizó Olano, es «hacer frente a las necesidades que tiene la sociedad y tener una suficiencia financiera adecuada en ese contexto».

La dirección del PNV coincide más con la postura de Bizkaia y Álava; esto es, que «no se puede negar la fuga de contribuyentes a Madrid, una cuestión sangrante», por lo que «algo hay que hacer». Siempre, eso sí, el año que viene, ya que el compromiso al que se llegó cuando se hizo la anterior reforma fiscal -en 2017- con socialistas y populares fue revisar cómo habían funcionado los cambios, particularmente profundos en el Impuesto de Sociedades, en 2020. Pero todo apunta a que ahora se abordará una reforma de toda la estructura tributaria.

La formación jeltzale coincide, con los críticos del Impuesto de Patrimonio, es que no tiene sentido mantener un tributo que grava dos veces el mismo concepto. Pero también es sensible a las exigencias del Gobierno vasco, que depende vitalmente de las haciendas forales. Y, por tanto, busca «cómo equilibrar» la recaudación si finalmente se elimina el impuesto, que el año pasado apenas aportó 185 millones de euros. Aunque la cantidad no es relevante, los peneuvistas no quieren que se les acuse de «quitar el impuesto de los ricos» en pleno año electoral.

Al PNV, incómodo con la cuestión, le gustaría curiosamente que el problema se lo arreglaran fuera, en Madrid. ¿Cómo? Pues con un Gobierno de izquierdas que ponga en práctica la propuesta que ya ha lanzado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, partidaria de armonizar por arriba los impuestos que pagan los grandes contribuyentes con el fin de evitar la guerra entre autonomías. La traducción práctica de esta idea es que la Comunidad de Madrid, comandada por el PP, sea forzada a reimplantar Patrimonio, lo que evitaría a los demás tener que pensar en qué hacen para evitar fugas.

Ayer, al igual que hizo el lunes la patronal Confebask, los empresarios agrupados en Cebek echaron más leña al debate subrayando que figuras como el Impuesto de Patrimonio, «con un componente ideológico, no tienen sentido» si la pretensión es hacer «un país más atractivo para las empresas y para los directivos».