Bruselas y la Autoridad Fiscal marcan el paso al Gobierno y alertan del excesivo gasto público

Un mensaje que llega en un momento delicado para el Gobierno de Pedro Sánchez, que ha elaborado sus líneas maestras presupuestarias aumentando los niveles de gasto público y dando más manga ancha a las comunidades autónomas para que tiren de chequera. El primer paso para sacar adelante las cuentas públicas de 2025 -las de este año no se presentaron para no sufrir una derrota parlamentaria- pasa por la aprobación de un techo de gasto -no incluye las partidas financieras, como los intereses de la deuda-, que alcanzará los 195.353 millones el próximo año, un 3,2% más, sin contar con los fondos europeos.

Se trata de contentar a todas las administraciones a la espera de concretar cómo se encaja la «singularidad fiscal» de Cataluña. El Ejecutivo insiste en que no habrá un concierto económico como el vasco, pero Esquerra asegura que si no lo hay, el socialista Salvador Illa no será presidente de la Generalitat y, por ende, la legislatura española estaría herida de muerte.

¿Cómo se concilian los intereses políticos con los económicos? Esa es la clave de todo, pero la vicepresidenta María Jesús Montero se ve capaz de lograr la cuadratura del círculo. Por ejemplo, en el capítulo fiscal, asegura que se gastará más, que se repartirá más dinero, pero a su vez también se reducirá el déficit y la deuda pública. ¿Cómo? Aprovechando el tirón de la recaudación tributaria y los vientos de cola de la economía española, con un crecimiento potencial por encima del 2% del PIB en los próximos años gracias al tirón del turismo o las exportaciones.

Y es que España, como lleva a gala Pedro Sánchez, se ha convertido en la gran locomotora de la zona euro, duplicando las previsiones de crecimiento frente a potencias como Alemania, Francia o Italia. Que hace unos días el Fondo Monetario Internacional (FMI), institución que no se casa con nadie, hablase de «brillante» para definir el comportamiento de la economía española lo dice todo. «España no va como una moto, va como un cohete», en palabras del propio presidente.

Más allá de la euforia, casi obligada, que exige el manual del mandatario político, la fría realidad exige cierta mesura. En su última reunión, hace una semana, los ministros de Economía y Finanzas del euro, el Eurogrupo, firmaron un documento en el que acuerdan «redoblar esfuerzos» para mejorar la «eficacia, calidad y la composición del gasto público» de forma que conduzca a «una consolidación fiscal gradual y sostenida» que «sigue siendo necesaria en el futuro» para reducir los «elevados» niveles de déficit y deuda.

La entrada en vigor de las nuevas reglas fiscales, unida a la llegada de una nueva Comisión Europea que consumará el giro conservador dado en las urnas en las pasadas elecciones comunitarias, abren un nuevo periodo que dejará atrás unos años en los que la pandemia hizo que el temido Pacto de Estabilidad y Crecimiento quedase en 'stand by' y el BCE instalase una barra de liquidez con tipos al 0% que ya es historia. Es verdad que Europa sale mucho más fortalecida gracias al impulso de los fondos europeos, pero la ortodoxia, que no la austeridad, volverá a reinar en la Eurozona.

Habrá más control y Bruselas dejará de mirar para otro lado para que el déficit no exceda del 3% del PIB y la deuda, del 60%. España, en lo referido al déficit, está coqueteando con ese 3%, que traducido significa que el país está gastando cerca de 40.000 millones más de lo que es capaz de ingresar. Respecto a la deuda, en la actualidad ronda el 107% del PIB.

En España, el 'poli malo' encargado de enfriar la euforia del Gobierno con independencia de su color político se llama AIReF y la Autoridad Fiscal, por boca de su presidenta, Cristina Herrero, advirtió el miércoles de que el intenso ritmo de ejecución presupuestaria hasta junio obligaría a hacer un ajuste de 0,7 puntos del PIB, unos 11.000 millones de euros, para corregir la desviación del gasto detectada en todas las administraciones públicas. Pero hubo más. Pidió que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, comparezca en el Congreso «para explicar sus desviaciones en el gasto primario neto» y exponer un plan con medidas de choque.