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j. l. ortega
Sábado, 12 de febrero 2022, 00:57
Poco más de una semana después de su polémica convalidación en el Congreso de los Diputados, la reforma laboral acordada entre Gobierno, patronal y los sindicatos CC OO y UGT sigue generando controversia y reacciones de diversa índole. Y todo apunta además a que habrá ... cuestiones contempladas en la nueva norma que incluso tengan que ser dilucidadas finalmente por los jueces, como ya ocurriera con varios de los aspectos recogidos en la reforma laboral de Rajoy del año 2012, de la que se deriva la actual.
Algo que ayer se encargó de recordar la presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Garbiñe Biurrun, quien afirmó que la reforma «no ha terminado» y a partir de ahora es cuando los tribunales le dan «su auténtico sentido» decidiendo sobre su aplicación en caso necesario.
La magistrada que preside el órgano judicial que resuelve los conflictos laborales en Euskadi, en una entrevista en la radio pública vasca, consideró además que «aunque todo lo aprobado es positivo» y era «necesaria», la reforma laboral «se ha quedado corta respecto de las expectativas». En este sentido opinó que «políticamente ha habido error porque las expectativas generadas eran muy superiores».
Entre las cosas que a juicio de Biurrun «se han quedado en el camino», señaló «todo lo relativo a la extinción del contrato y, sobre todo, aquello en lo que la reforma de 2012 involucionó en materia de despidos». Asimismo, recordó que había «expectativas importantes» en todo lo relativo a la subcontratación, algo a lo que «también se le debía haber dado una vuelta».
Respecto a la polémica sobre si está asegurada la prevalencia de los convenios sectoriales vascos sobre los estatales, la presidenta de lo Social del TSJPV advirtió de que es una cuestión que, pese al acuerdo de 2017 entre Confebask, ELA, LAB, CC OO y UGT para primar el ámbito vasco de negociación, no está «del todo resuelta», y tampoco ha sido zanjada en esta reforma laboral.
Biurrun cree que no habría problema para que los convenios autonómicos se «impongan» en Euskadi, pero incidió en que «tampoco es un tema que esté del todo resuelto» y la jurisprudencia «lo matiza», por lo que «habrá que ver qué pasa en el futuro». En su opinión, el acuerdo de 2017 no «cerró» la cuestión y avisó que no es descartable que el Tribunal Supremo decidiera en el futuro en otro sentido, ya que «legalmente no está cerrado».
Sin embargo, también ayer, la consejera de Trabajo y Empleo del Gobierno vasco, Idoia Mendia, afirmó en el Parlamento de Vitoria que «nada impide» la aplicación de aquel acuerdo interprofesional de 2017, que su Gobierno «avala expresamente». La vicelehendakari, no obstante, reconoció que la reforma laboral aprobada «no es todo a lo que aspira el Gobierno de España ni a lo que aspiramos desde el Gobierno vasco ni los sindicatos ni la patronal», dijo. «Es el acuerdo posible aquí y ahora», señaló.
Por otra parte, Mendia aprovechó ayer la primera reunión en esta legislatura del Consejo Vasco de Inspección de Trabajo y Seguridad Social -órgano paritario que cuenta con representantes de los Ejecutivos vasco y central- para trasladarle al Secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, las necesidades de reforzar la Inspección de Trabajo en Euskadi.
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