Berrojalbiz admite que el impuesto a los ricos no tiene en Euskadi un gran interés de recaudación

«Es complementario y la tributación sobre la riqueza hay que contemplarla en su totalidad», ha señalado la diputada de Hacienda vizcaína, para recordar que en Bizkaia se ingresaron 86 millones de euros por el Impuesto de Patrimonio de 2021, el último ejercicio del que se tienen datos cerrados. Así, ha restado importancia al hecho de que el ingreso esperado por el impuesto de grandes fortunas sea marginal, de apenas 2,4 millones de euros para el conjunto del País Vasco y de tan solo 1,9 millones en Bizkaia. «Es un plus sobre el Impuesto de Patrimonio», ha insistido. Para reforzar esta idea, ha indicado que siete comunidades autónomas que también aplican el Impuesto sobre el Patrimonio no han recaudado ni un euro del nuevo tributo.

Aunque los portavoces de los partidos Elkarrekin-Podemos y Bildu han criticado que la tabla de gravamen de este impuesto sea laxa y no genere una recaudación más abultada en su aplicación, la responsable del fisco vizcaíno ha sostenido la tesis de que es un diseño «equilibrado». Así, ha puesto como ejemplo que si se aplicase en Bizkaia la misma normativa tributaria sobre las propiedades que esta vigente en otras comunidades -no las ha mencionado, pero se refería a Madrid o Andalucía, donde se ha aplicado la exención del Impuesto de Patrimonio- los ingresos no superarían los 60 millones de euros. Unos 30 millones menos que con la normativa que soportarán los contribuyentes con mayor patrimonio en Bizkaia este año.

Berrojalbiz se ha referido de forma reiterada al carácter «temporal del impuesto», ya que se diseñó para aplicarse en 2022 y 2023 -en Euskadi, la comunidad más favorecida, solo este año-, pero este es un tema que dependerá a partir de ahora del nuevo Gobierno central y de los partidos que respaldan la investidura de Pedro Sánchez. El propósito de mantenerlo para futuros ejercicios forma parte del pacto alcanzado por PSOE y Sumar, pero deberá ser negociado en el futuro con el resto de fuerzas políticas. Tienen tiempo para ello. Su aplicación en 2024 dependerá de que se apruebe antes del 31 de diciembre del próximo año.