Sabadell advierte de que la opa pone en riesgo el bienestar de España y pide «claridad» al Gobierno

El Ejecutivo se ha mostrado hasta ahora en contra de la operación. Pero desde la entidad vallesana piden claridad. «El Gobierno tendría que ser claro sobre sus intenciones de si habrá o no fusión y, en caso de que no, qué condiciones de gobierno corporativo tendrían que darse para no mermar la competencia», expresó Josep Oliu, presidente del Sabadell, en referencia a, por ejemplo, el posible impacto en la «cohesión territorial» que se derivaría de la unión de ambas entidades, por el negocio en Cataluña, Valencia o Murcia, donde el banco actúa como entidad principal de la localidad.

«Hay argumentos y el Gobierno tiene en sus manos velar por el equilibrio en el sistema financiero del país y poner el marco de actuación para que las fuerzas de mercado puedan actuar», indicó el banquero durante un encuentro con medios previo a la junta general de accionistas que la entidad celebra este jueves en Sabadell. «Tiene que pensar si esta es una operación que conviene al país o no, por el crecimiento, por el crédito, por las pymes, por la cohesión territorial… los accionistas tienen que saber el marco de actuación que el Gobierno quiera que se haga en estos casos», insistió.

La compra sin fusión es un escenario que BBVA nunca ha descartado aunque, al menos en público, no es su principal. Sin embargo, Sabadell rechaza que las sinergias que se puedan conseguir sean las mismas que con la unión total de las entidades. Por eso, llevan tiempo apelando a que BBVA haga públicas sus estimaciones, con y sin fusión.

En el acto previo a la junta -al que asistieron los principales directivos del banco- también hubo críticas a Competencia. El consejero delegado del Sabadell, César González-Bueno, apuntó a que «por lo que sabemos, la CNMC ya ha tomado su decisión sin que tengamos conocimiento» y, sobre todo, sin haber realizado el esperado test de mercado a los agentes implicados. «Hay un problema real para la financiación de la mayor parte del tejido productivo y alguien debería establecer unas condiciones mínimas para que se preservasen», insistió González-Bueno, de nuevo, en referencia al Gobierno y su capacidad para velar «por el interés general» dentro del proceso.

En este sentido, González-Bueno expresó que la opa «pone en peligro el bienestar en España porque afecta al 70% del tejido industrial y productivo que son las pymes y lo hace de una forma que no es reparable». «Hay una responsabilidad de que eso no ocurra», insistió. En el mismo sentido se pronunció Oliu al expresar que «el Gobierno debe velar por el bien común y el futuro de España».

La llamada al Gobierno para que actúe bajo lo que le permite la norma se produce en un momento en el que las relaciones entre las partes están más cerca que nunca. De hecho, la junta de esta tarde -que se celebra en la Fira de Sabadell, un espacio de 2.800 metros cuadrados- tendrá, más allá de los números, mucho de simbólico y de emotivo, no solo poque pueda ser uno de los últimos encuentros del banco con sus accionistas si la fusión finalmente sale adelante. También porque es la gran puesta de largo de la entidad para escenificar su regreso a Cataluña, casi ocho años después de haber decidido su salida a Alicante durante el 'procés'.

Este factor juega sin duda a favor de la entidad, consciente del fuerte arraigo de muchos pequeños inversores, vitales cuando se inicie el periodo de aceptación de la opa. De ahí el mensaje de la «oposición social» que, a su juicio, ha generado la oferta de BBVA. «Los clientes del Sabadell rechazan la operación, nuestra gente la rechaza, las pymes están horrorizadas, pero también las grandes, y ese rechazo implica un riesgo muy importante de sinergias negativas; es decir de pérdida de clientes» advirtió ayer Oliu.

González-Bueno también ha recordado estos días las más de 70 asociaciones empresariales, sindicatos y cámaras de comercio que han pedido personarse en el expediente de la CNMC sobre la operación y que han sido rechazadas. Entre ellos, la patronal catalana Foment del Traball o el sindicato UGT, que decidieron presentar sendos recursos a esta decisión a la Audiencia Nacional, que los ha admitido a trámite. «Nunca antes se había visto una reacción tan contundente ante un evento corporativo en España», apuntó durante un encuentro con inversores en Londres el mismo miércoles por la mañana.

Oliu dudó de las especulaciones que apuntan a que BBVA mejorará su oferta en la recta final, con parte del pago en efectivo. Algo que, a su juicio, sería negativo para la propia entidad vasca, ante la posibilidad de que el mercado reaccione de forma negativa ante un mayor desembolso al esperado. «Tiene que ir con mucho cuidado a la hora de aumentar la oferta y eso Carlos Torres lo sabe», indicó, insistiendo en que «al precio actual la mayoría de los inversores institucionales no ven la operación, no hay prima por la adquisición».

La junta que se celebrará esta tarde votará, entre otros puntos del orden del día, la reelección de César González-Bueno como consejero delegado durante un periodo de otros cuatro años, además de la nueva política de retribución, uno de los pilares de la estrategia del banco para defender su capacidad de seguir generando valor en solitario.

En concreto, se somete a examen la propuesta de un dividendo complementario de 0,1244 euros por acción que se pagará el 28 de marzo, así como la reactivación del programa de recompra de acciones suspendido por la opa, por 247 millones de euros, al que la entidad sumará otro por 755 millones de euros.

La entidad también propondrá la aprobación de una nueva política de retribución al accionista que contempla el pago de dos dividendos a cuenta durante 2025 y en ejercicios sucesivos, en torno al 29 de agosto y el 29 de diciembre, que se sumaría al pago del dividendo complementario que la entidad prevé pagar en marzo de 2026, previa aprobación de la junta.

Con estos números, y contando con que el banco distribuirá el 60% de los dividendos obtenidos este año y el que viene, Sabadell estima que retribuirá a sus accionistas con 3.300 millones de euros, por encima de los 2.900 millones que estimó en julio.