Mutua Madrileña lanza una cobertura antiokupas a las puertas del verano

En este contexto, y a las puertas de las vacaciones de verano, la compañía de seguros ha decidido ofrecer a sus clientes (a los ya existentes y a los nuevos) la posibilidad de contratar de forma opcional una cobertura frente a este riesgo por 7,5 euros al año dentro del seguro del hogar.

Entre las coberturas de la garantía antiocupación destaca, desde el punto de vista jurídico, el asesoramiento legal ilimitado y la cobertura de los gastos notariales y judiciales, «incluidos los honorarios del abogado y del procurador; el pago de las costas y gastos por la adopción de medidas cautelares; así como los gastos derivados de la ejecución judicial forzosa de la sentencia, entre otras coberturas, hasta un máximo de 10.000 euros», según indican desde la entidad.

Además, se ofrece el pago de los gastos derivados de posibles daños materiales (hasta 6.000 euros del continente y 1.200 de contenido de la vivienda), así como el de un alojamiento alternativo al afectado durante un máximo de 6 meses y 800 euros de renta de alquiler paral os asegurados que tengan contratada la cobertura en los productos Global Plus o Global.

Del mismo modo, esta cobertura incluye hasta 100 euros al mes durante 6 meses para hacer frente al pago de los suministros de agua, gas y electricidad, mientras la vivienda asegurada está ocupada de forma ilegal, tanto si es su vivienda habitual como si es su segunda residencia.

Línea Directa fue la primera firma en lanzarse a este segmento del mercado con un seguro antiokupación que, en su caso, es de 10 euros al año. Desde su puesta en marcha, los expertos del sector indican que, en la práctica, su uso es muy limitado debido a la baja siniestralidad derivada de estos casos. Y es que pese al ruido mediático, la realidad es que, según datos del Consejo General del Poder Judicial, en 2023 ingresaron 2.261 procedimientos verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas, un 18,8% menos que en 2022.

Según datos del Ministerio de Interior, las denuncias por okupación ilegal apenas superaron las 15.500 en todo el país, casi un 9% menos. En todo caso, la preocupación social sobre esta práctica es un hecho y las aseguradoras están intentando atender a esa demanda.