El juez llama a declarar a los dos últimos consejeros del Popular

El magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia, José Luis Calama, ha dictado una providencia en la que fija las fechas en las que estos directivos deberán acudir para declarar. En concreto, el representante de PwC acudirá el 10 de diciembre; mientras que Sánchez Asiaín, González-Aladid y Larena tendrán que pasar por la sede judicial el día 11 de diciembre.

Con esta citación, se cierra el círculo de imputados y llamamientos a declarar de los ejecutivos que estuvieron en la órbita del Popular prácticamente desde que a mediados de 2016 emitiera una ampliación de capital por 2.500 millones de euros, que fue el germen de la posterior crisis financiera y liquidación del banco, apenas 12 meses después. El último presidente del banco, Emilio Saracho, está llamado a declarar el próximo día 2 de octubre ante la Audiencia Nacional; mientras que su predecesor, Ángel Ron, lo hará los días 30 y 31 de ese mismo mes. Entre medias, transcurrirán una buena parte de sus equipos directivos.

Ignacio Sánchez Asiaín fue el consejero delegado que nombró el último presidente que tuvo el Popular, Emilio Saracho, cuyo mandato apenas duró dos meses. Durante ese periodo -entre abril y junio de 2017- el banco perdió cada vez más cuantías en depósitos en un proceso iniciado antes de su acceso al cargo, con salidas que llegaron a afectar a las grandes instituciones, provocando la crisis de liquidez que llevó a la entidad a pedir auxilio financiero al Banco Central Europeo (BCE). Ni Saracho ni Sánchez Asiaín encontraron una alternativa para que la entidad hiciera frente a la crisis que tenía encima. Cuando Saracho accedió a la presidencia, tras la junta de accionistas del 20 de febrero de 2017, también accedió al cargo el que fue su vicepresidente, González-Adalid, quien también era consejero delegado de Cartera Industrial Rea, así como consejero de Europac y de Tubacex.

Por su parte, Pedro Larena fue el penúltimo consejero delegado del Popular y último ejecutivo que actuó como mano derecha de Ángel Ron, entre septiembre de 2016 y marzo de 2017. Su paso, también fugaz, por la cúpula del banco estuvo protagonizado por la materialización de unas cuentas que vislumbraban la frágil situación de la empresa: Popular llegó a reformular sus cuentas de 2016 al reconocer unas pérdidas de 3.485 millones.

El caso, iniciado en octubre de 2017, consta de dos piezas separadas, la primera por la ampliación de capital de 2016 y la segunda por una posible manipulación del mercado tras la publicación de noticias con datos presuntamente falsos para hacer caer el valor de las acciones y obtener beneficios.