Diez años del rescate de las cajas de ahorro

Los ajustes conjuntos del fondo privado de garantía de depósitos, del Estado y de la Unión Europea contribuyeron a la estabilización de la grave crisis propiciada por estas entidades fallidas en un entorno de serias dudas sobre la propia viabilidad del proyecto euro.

Pero aún hoy, 10 años después, son muchas las voces que continúan criticando con fiereza la decisión adoptada para la resolución de un tercio del sistema financiero español. Resolución significa la reestructuración de una entidad cuando sea inviable o sea previsible que vaya a serlo en un futuro próximo, no existan perspectivas razonables de que medidas procedentes del sector privado puedan corregir esta situación, y por razones de interés público y estabilidad financiera resulte necesario evitar su liquidación concursal.

¿Son justas y consistentes las críticas volcadas en relación con el referido rescate? ¿Aciertan o yerran quienes condenan al Gobierno por haber asignado 42.561 millones de euros netos a la nacionalización de las centenarias entidades de ahorro quebradas en el contexto de la gran crisis de 2008 y años siguientes?

El argumento principal de las críticas alude al agravio comparativo: ¿Cómo puede el Gobierno destinar cifras astronómicas al reflotamiento de unas entidades fraudulentas y distribuir al mismo tiempo con cuentagotas las consignaciones a determinados esquemas de protección social? ¿Cómo pueden aplicarse 22.000 millones de euros de los contribuyentes a reflotar Bankia o 12.000 millones a rescatar Caixa Catalunya y permitir simultáneamente que haya cientos de miles de hogares españoles en los que ninguno de sus miembros tiene ingreso alguno? Se aduce una segunda razón: ¿Quién puede sufrir sin rasgarse las vestiduras que una vez nacionalizada y saneada una entidad, se privatice y la entregue al mejor postor en ocasiones por un solo euro? ¿Debe asistir impasible el ciudadano a convertirse personalmente en financiador de un fiasco injustificable?

Tales reproches, sin embargo, no se asientan en un juicio correcto de los hechos. Y es que la razón que fundamenta la intervención del Gobierno ha tenido un objetivo poco entendido y mal explicado: el rescate de la banca nunca se hizo para favorecer a la banca. Muy al contrario, se acometió por responsabilidad hacia todos los contribuyentes y muy en particular para salvar los intereses de aquellos ciudadanos -millones- que mantienen una cuenta en una entidad bancaria. Si una entidad financiera entra en quiebra, sus activos, por definición, son inferiores a los pasivos bancarios. Pero, ¿cuál es el principal capítulo del pasivo de un balance bancario?: los depósitos o cuentas de su clientela. El Gobierno entiende que debe proteger al depositante porque éste no debe quedar afectado por los resultados de una mala gestión. Paralelamente, la quiebra comporta un ingrediente de alarma social que puede propagarse hacia otras entidades sanas y contaminar así a todo el sistema, en particular, nuevamente, a los clientes depositantes. Este riesgo 'sistémico' debe ser abortado. Ejemplos tenemos del pánico bancario, el corralito y sus tremendos efectos desestabilizadores sobre la ciudadanía en Argentina, Grecia y otros países.

Otros argumentos no menos importantes apoyan con vigor la necesidad de la intervención de las cajas. Aun cuando los depósitos inferiores a 100.000 euros estaban garantizados por normativa europea, hubiesen tenido que financiarse contra Presupuestos. Esto es, contra el contribuyente, porque a la fecha el Fondo de Garantía de Depósitos presentaba saldo cero. Y una reflexión final. Los precios a los que se vendieron los bancos rescatados fueron nulos o simbólicos. Cierto, pero ¿nadie piensa que, si de verdad hubiesen valido algo las entidades rescatadas, las pujas se habrían disparado?

Si repasamos los criterios de resolución arriba citados, concluiremos en que se cumplieron en una gravísima circunstancia histórica de forma notable y por tanto necesaria.