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La opa presentada por BBVA sobre el Banco Sabadell, una iniciativa que en mayo cumplirá ya un año desde que se hizo oficial, sigue quemando ... etapas y consumiendo tiempo hacia un final que todavía es incierto. Pese a ello ha ganado peso la idea de que Competencia impondrá condiciones asumibles por BBVA para lanzar la oferta -también que el procedimiento no planteará problemas en el supervisor bursátil CNMV- y que el Gobierno adoptará una solución salomónica: no impondrá modificaciones sustanciales a la decisión de Competencia pero, a cambio, tratará de satisfacer las voces que claman contra la opa impidiendo la fusión. Esta última es una potestad exclusiva del Ejecutivo que condenaría a BBVA, si triunfa su oferta entre los accionistas del Sabadell, a ser el propietario de control de la entidad catalana, pero que le obligaría a mantener su identidad mercantil diferenciada. Es decir, no solo conservaría la marca sino una estructura directiva y comercial propia. En el seno de BBVA esta opción es la que cuenta en estos momentos con más adeptos.
La beligerancia del Gobierno con esta opa no es un secreto. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha mostrado con claridad que le preocupa su «impacto en la competencia bancaria», pero lo cierto es que medirlo no será una competencia del Ejecutivo. Cuando la CNMC concluya su trabajo y autorice con condiciones la opa -puede ser en la primera semana de abril o prorrogarse hasta finales de ese mismo mes-, el Ejecutivo tiene la opción, en la denominada 'Fase 3', de valorarla por razones ajenas a la competencia. La seguridad nacional, que no parece que pueda influir aquí, es una de las razones por las que el Gobierno puede impedir o extender las condiciones que haya aprobado la CNMC.
Los máximos responsables del Sabadell, su presidente Josep Oliu y el consejero delegado César González-Bueno, pidieron la pasada semana «claridad» al Gobierno en sus decisiones. Una apelación en público que da a entender que albergan grandes dudas sobre la contundencia real de lo que pueda salir del Ministerio de Economía o del Consejo de Ministros. Es en ese contexto en el que ha ganado peso la idea de que la postura se ambivalente: no cortará la opa, la dejará correr para que sean los accionistas del Sabadell quienes se posicionen, pero también impedirá que desaparezca el banco.
Una opción que puede contentar, aunque sea de forma parcial, a las fuerzas políticas catalanas que se han opuesto a la fusión y defienden el mantenimiento de la estructura de gestión en Cataluña y también a numerosas entidades del ámbito empresarial que temen perder la relación comercial que tienen miles de pymes con la entidad.
Esa hipótesis de control de un banco sin fusión tampoco es una rareza en España. Durante algo más de dieciocho años el Santander fue el dueño de Banesto, hasta que se decidió a integrarlo todo bajo una única estructura. La entidad presidida entonces por Emilio Botín compró Banesto en 1994 en un proceso de subasta que puso en marcha el Banco de España, tras haber intervenido la entidad. En aquella subasta pujaron también Argentaria, BBV y Santander, que fue quien se llevó al gato al agua tras ofrecer el mejor precio, un total de 1.688 millones de euros para comprar el 73,45% que estaba en manos del Estado tras una ampliación.
Cuatro años más tarde, en 1998, el propio Santander lanzó una opa para aumentar su participación, lo que le llevó a poseer el 97,5% de las acciones, para abordar tiempo después su exclusión de Bolsa y el control sobre la totalidad de su capital social. No sería hasta 2012 cuando el Santander abordaría una absorción completa y pondría fin a la marca diferenciada de Banesto y a su actividad comercial que, bajo la batuta de Alfredo Sáenz, había tenido un desempeño floreciente.
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