El juez imputa al BBVA por cohecho, revelación de secretos y corrupción en el 'caso Villarejo'

De esta forma, BBVA aparece como empresa dentro de los imputados, entre los que la Audiencia Nacional ya había acordado incluir a ocho directivos y exdirectivos de la entidad financiera en el marco de la pieza separada 9, de la conocida como 'Operación Tándem', que instruye hasta dónde llegaron los contratos con la empresa de seguridad Cenyt, vinculada a Villarejo. Entre los imputados se encuentra el exconsejero delegado del grupo entre 2009 y 2015, Ángel Cano; así como el jefe de seguridad de la entidad, Julio Corrochano.

El objetivo de esos trabajos era supuestamente realizar labores de espionaje sobre empresarios, políticos y periodistas para evitar el desembarco de firmas como Sacyr a la cúpula de BBVA en 2004. Aunque los encargos se habrían prolongado durante casi 14 años.

La decisión del magistrado llega apenas cinco días después de que la Fiscalía Anticorrupción solicitara esa imputación para así dejar zanjada la cuestión incluso antes de tomar vacaciones, como apuntan fuentes judiciales. Existía la posibilidad de que el auto fuera remitido a la vuelta del verano ante la premura de los plazos en este final de mes, aunque finalmente todos los tiempos se han acelerado. En el auto el juez hace suyos prácticamente todos y cada uno de los postulados que el ministerio fiscal había exigido en su informe la semana pasada.

Anticorrupción había llegado a la conclusión de que se acreditaría la contratación y los pagos «supuestamente ilícitos» a la compañía de seguridad por parte del banco, en una operación que además «afectó a varias áreas sensibles» de la entidad así como a «diversos ejecutivos» durante un «prolongado periodo»: habría comenzado en 2004 y se prolongó durante más de una década.

En aquel año, el expresidente de BBVA, Francisco González, habría encargado una serie de seguimientos físicos y telemáticos para evitar el desembarco de otros grandes accionistas en el banco, como la constructora Sacyr, cuyo presidente era entonces Luis del Rivero.

Sin embargo, las escuchas habrían proseguido, una vez anulada aquella operación, con fines similares hasta casi el final de la presidencia de González. Anticorrupción sostiene que esas contrataciones perseguían realizar «múltiples servicios de inteligencia» así como de «investigación de naturaleza patrimonial y carácter ilícito», en lo que considera que habría implicado una «reiterada injerencia en los derechos fundamentales de las personas» espiadas con «seguimientos personales y acceso a sus comunicaciones» e incluso a su «documentación bancaria»; esto es, delitos de descubrimiento y revelación de secretos.

Además, el escrito fiscal daba un paso más allá y extiende la duda sobre una parte de los responsables que han pasado por BBVA en los últimos años. Considera que «alguno de los directivos investigados habría percibido dádivas del entorno de Cenyt» por la facilitación de todas esas contrataciones. Hasta ahora se desconocía esta posibilidad, incluida en el escrito, cuyo contenido incorpora detalles que describen acciones «indiciariamente» ligadas a la relación abrupta que habrían mantenido los ejecutivos con Villarejo, apuntan fuentes jurídicas. Será con el levantamiento del sumario cuando se conozcan todos los detalles.

Por otra parte, García Castellón ha rechazado hoy la petición de BBVA de personarse en la causa como perjudicado, una estrategia de defensa habitualmente utilizada en este tipo de causas.