Los avales públicos están agotados mientras pymes y autónomos demandan más créditos

Un aval público, en estos momentos, es un tesoro. En especial para los autónomos y las pequeñas y medianas empresas con garantías limitadas, pero que necesitan una inyección de liquidez con el objetivo de sostener los gastos fijos inevitables de sus negocios, cuando sus ingresos se han cortado de forma radical. Pero los 20.000 millones de euros en avales aprobados por el Gobierno central a través del ICO y los 525 millones dispuestos por el Gobierno vasco están ya agotados. Peor aún, la demanda de crédito ha superado en casi tres veces la oferta. Desde diversos sectores, e incluso desde el financiero, se reclama ya a la Administración un aumento de esta línea de avales, que además no representa un gasto directo para las arcas públicas sino un riesgo de futuro.

El propio consejero de Hacienda del Gobierno vasco, Pedro Azpiazu, en una entrevista radiofónica, dio ayer la clave de una situación que va a empeorar. «Si bien en la vertiente sanitaria hemos pasado el pico de la infección -dijo Azpiazu-, en materia económica el camino hacia ese pico apenas si está comenzando». La razón es que los problemas de tesorería tan solo están en el principio -las empresas estuvieron en activo medio mes de marzo y tuvieron ingresos durante ese periodo-, ya que ahora los gastos se acumulan y aún lo van a seguir haciendo durante todo abril y quizá buena parte de mayo. Y, además, dependerá del sector y la actividad individual de cada autónomo.

No hay datos regionalizados aún sobre la concesión de los créditos avalados por el ICO, pero las entidades financieras ya han anunciado que han agotado el cupo que tenían asignado. Hasta el mediodía de ayer se habían recibido 31.000 solicitudes y ya se han concedido 2.747 millones de euros, según explicó la vicepresidenta Nadia Calviño.

En relación a los 525 millones del Gobierno vasco, no ha existido un reparto por bancos sino que la concesión está ligada al orden de llegada de las peticiones a manos de Elkargi, la sociedad de garantía que va a estudiar la concesión de los avales. Ha habido más de 7.000 peticiones con una solicitud de crédito que sobrepasa los 1.300 millones de euros, 2,5 veces lo ofertado.

En el País Vasco, según los datos que se desprenden de las declaraciones de IRPF e Impuesto de Sociedades, hay cerca de 170.000 autónomos y 65.000 empresas medianas y pequeñas que pueden acceder a estos créditos. En definitiva, 235.000 potenciales aspirantes a solicitar un crédito de tesorería para superar el bache de la pandemia. Una cifra que dista mucho de las 7.000 peticiones de crédito que se han formulado hasta ahora.

Fuentes del sector financiero indican que en este tipo de operaciones -en condiciones normales y sin existir una situación excepcional- suele producirse un 10% de créditos fallidos. Quien ha recibido el dinero no lo devuelve y tiene que responder el avalista. Para la actual situación se estima que, debido a la crisis que se puede generar en la economía, los fallidos pueden situarse en torno al 20%. En esa hipótesis, el gasto al que debería hacer frente el Gobierno vasco se situaría en 105 millones de euros, cantidad a la que hay que añadir la subvención de los tipos de interés y parte de las comisiones de la totalidad de los créditos.

Por otra parte, desde el segmento de grandes empresas se teme que la banca imponga condiciones más estrictas en la renegociación de las líneas de tesorería. Son créditos que funcionan como una cuenta corriente, que la empresa utiliza a su conveniencia, con unos límites y un tipo de interés que, habitualmente, suele negociarse con carácter anual. Las grandes compañías sospechan que las entidades financieras van a tratar de reducir algo esa financiación, al tiempo que aumentarán los tipos de interés con el razonamiento típico del sector: ha aumentado el riesgo y por lo tanto también el precio.

La única ventaja en comparación con la crisis económica anterior, apuntan fuentes del sector industrial, es que por el momento no hay problemas de liquidez en las entidades financieras. Pese a ello, advierten, pronto pueden comenzar a surgir «los problemas de solvencia».