Gobierno y agentes sociales acercan posturas para prorrogar los ERTE

La novedad de la propuesta, que supondrá una ampliación del os ERTE hasta el 30 de septiembre, es que el Ejecutivo finalmente mantendrá los de fuerza mayor parciales y extiende el actual sistema de exoneraciones de cotizaciones empresariales a los expedientes por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción con el mismo diseño. Esto supone mayores exoneraciones por los trabajadores que salen de un ERTE y se incorporan a la actividad que por los que permanecen con su empleo suspendido.

Los sindicatos valoraron positivamente la nueva propuesta y consideraron que se ha dado un paso importante en la negociación, mientras que la CEOE estimó que no aporta una solución a todas las situaciones de los diferentes sectores, aunque la valorarán internamente.

Así, esta carrera contra el reloj para cerrar un acuerdo definitivo seguirá mañana miércoles, cuando hay convocada una nueva reunión. El empeño del Gobierno en contar con el apoyo de los agentes sociales hace previsible que se convoque un Consejo de Ministros extraordinario para el viernes con objeto de dar una última oportunidad al diálogo social y en el que también se incluiría una prórroga hasta el 30 de septiembre de la prestación extraordinaria por cese de actividad de los autónomos, con un esquema similar al de los ERTE.

Ahí sí parece haber un mayor avance en esa negociación paralela que mantiene el Gobierno con las principales organizaciones de autónomos para extender la nueva prestación por cese de actividad que también decae a final de este mes, igualmente hasta el 30 de septiembre. Ayer el ministro de Inclusión y Seguridad Social se reunió con las asociaciones del colectivo y mantuvo su disposición a renovar el acuerdo.

El presidente de la principal asociación nacional de autónomos, ATA, Lorenzo Amor, ve «predispuesto» a Escrivá para llegar a un acuerdo y afirmó que la propuesta que el colectivo le planteó ayer «le ha sonado bien». En concreto, pidieron al Gobierno que mantenga la ayuda de al menos 661 euros al mes a aquellos autónomos que tienen restricciones estatales, autonómicas o locales del 50% o más de su actividad y, de igual forma, a los que registren una caída del 75% de su facturación. En el primer caso, se plantea que la duración de la prestación abarque hasta el último día de mes en el que finalice la restricción y, en el segundo, que se perciba mientras se mantenga tal caída de las ventas.