Los autónomos vascos dicen que las medidas son insuficientes para sobrevivir

El Gobierno central habilitó una prestación especial por cese de actividad para los autónomos -similar al paro- afectados por el coronavirus. Quienes accedan a ella cobran el 70% de la base reguladora y quedan exonerados de la cuota a la Seguridad Social, lo que arroja un mínimo de 661 euros, que sumado al perdón de la cotización -286 euros- supone 950 euros.

Pero, ¿quiénes pueden acogerse a ella? Todos los autónomos de sectores cerrados por decreto como bares y restaurantes y aquellos que acrediten una caída de la facturación del 75% respecto a la media de los seis meses anteriores. «Ahí está una de las pegas. Es difícil aportar documentación para probarlo. Muchos cotizan por módulos y, además, el estado de alarma se declaró a mediados de mes. Es un caos. Sin olvidar que gran parte de las facturas ya no se consiguen cobrar», explica Silvia Martínez, secretaria general de UPTA-Euskadi. Y la urgencia, dice, es máxima: no ingresan, pero siguen pagando los gastos de alquileres y demás.

Ante las críticas, el ministro José Luis Escrivá aseguró ayer que se ha dado instrucción a las mutuas (las que pagan) para ser lo más flexibles posible a la hora de conceder la prestación. «Incluso se va aceptar y luego comprobar ex-post la documentación que pruebe la caída de la facturación en un 75%», señaló.

Precisó también que son 50.000 los autónomos que han solicitado la prestación por cese de actividad en el conjunto de España. «Teniendo en cuenta que suman un total de 3,4 millones es obvio que no está siendo muy ágil», señalan en la federación ATA, cuyo presidente, Lorenzo Amor ha llegado a «suplicar» que se suspenda la cuota de este marzo para abonarla más tarde a quienes no obtengan el cese.

Por su parte, UPTA reclama que se rebaje al 50% la caída de la facturación exigida y que, según se presente la solicitud, se acceda a la exoneración de la cuota.

Los autónomos con asalariados a su cargo también pueden meter a sus trabajadores en un ERTE pero, según explica Ángel Gago, de la Asociación de Hostelería de Euskadi, los trámites son excesivos. «Se carga a nuestros asesores con mil gestiones y están desbordados. También tienen que tramitar la prestación de los trabajadores ante el SEPE»

En cuanto a las medidas adoptadas en Euskadi, Silvia Martínez, de UPTA, se muestra muy crítica con las ayudas a fondo perdido anunciadas por Lanbide para pagar alquileres y cuotas a la Seguridad Social. «El presupuesto es de tres millones, con un máximo de 3.000 euros. Eso significa que solo llega a 1.000 personas. Es un lavado de cara», señala. Valora de forma mucho más positiva los aplazamientos fiscales adoptados por las diputaciones forales, que han sido mucho más amigables que la Hacienda estatal. Y también las líneas de crédito habilitadas por el Gobierno vasco a través de Elkargi. Los autónomos pueden pedir de 5.000 a 50.000 euros con coste mínimo.

Por otro lado, Escrivá informó ayer de que 130.000 trabajadores han solicitado baja en España por estar contagiados o en aislamiento. Recordó que una de las primeras medidas que tomó el Gobierno fue considerarlas enfermedad profesional, lo que permite cobrar desde el primer día. La cuantía, además, es del 75% de la base reguladora.