Arranca la ola de huelgas en los servicios públicos vascos

El lehendakari, Iñigo Urkullu, hizo autocrítica en el último Pleno de Política General, pero censuró «los relatos que presentan un balance catastrófico y tercermundista». Por ello, ha multiplicado su presencia en los últimas semanas para acusar a EH Bildu de alentar «este otoño caliente» con el propósito de desgastarle y apoyarse para ello en la pinza formada por ELA y LAB, algo que rechazan de plano los sindicatos abertzales, muy enfrentados en el pasado reciente. «Nuestra autonomía política está fuera de dudas y no hay unidad de acción», respondió el secretario general del ELA, Mitxel Lakuntza. Las dos centrales, sin embargo, lideran la mayoría de movilizaciones salvo por el desmarque de LAB en la huelga de la enseñanza pública.

El paro de mayor alcance es el que afecta al sector público al completo convocado para el 25 de octubre y el 19 de diciembre. Ahí están unidos la práctica totalidad de los sindicatos, con la excepción de UGT, que se ha desmarcado tras calificarlo de «paripé» ante la proximidad de las elecciones sindicales en la Administración vasca.

A esta convocatoria se sumó la ya citada para la enseñanza pública del día 24, de la que se desligó LAB. «Se negoció a nuestras espaldas, con reivindicaciones ya recogidas en la huelga de todo el sector público. Además, en junio alcanzamos un acuerdo con el departamento en materia laboral», explica Xabier Ugartemendia, responsable de Negociación Colectiva del sindicato, que negoció ese pacto en torno a la Ley de Educación que apoyaba EH Bildu en su redacción original, pero que ha dado un giro con las enmiendas pactadas por PNV y PSE. En educación también hay un paro el miércoles de los docentes de la UPV/EHU y varias jornadas de huelga en la concertada (centros religiosos), en las que sí hay unidad sindical.

Gasto por habitante en sanidad

Hay huelgas también en ámbitos como intervención social de Bizkaia, ambulancias y las residencias de Álava. Son áreas subcontratadas o al menos dependientes en cierta manera de la administración y los sindicatos critican que las empresas imponen condiciones precarias a los trabajadores, sin actualizarles los salarios.

La situación de lo que denominan el «sector público privatizado» es uno de los motivos de protesta. «Ya abarca a unos 100.000 trabajadores porque en Euskadi el 90% de los cuidados está privatizado», censura Igor Eizagirre, secretario general de la Federación de Servicios Públicos de ELA.

Gasto por habitante en educación

En lo que se refiere al sector público propiamente dicho, uno de los argumentos para las huelgas es la pérdida de poder adquisitivo, que cuantifican en un 20% desde 2009. En Euskadi se aplica la subida salarial que establece el Estado y que este año se sitúa en el 3%, con posibilidad de llegar al 3,5%. El Gobierno vasco se escuda en que está limitado por esa legislación básica. Este incremento, inferior al que alcanzan los convenios privados, sumado a la pérdida acumulada, suscita gran malestar.

Peso del sector público

No obstante, los propios sindicatos reconocen que los sueldos en el ámbito público son superiores al del privado, a lo que se suman ventajas como las licencias, las excedencias o las medidas de conciliación. Los datos del INE para el conjunto de España arrojan un salario medio de 2.800 euros en el primer caso y de 1.900 en el segundo. Además, en Euskadi son todavía mayores según concluye un estudio del sindicato CSIF para la administración: calcula que los funcionarios vascos llegan a cobrar hasta un 50% más.

Evolución de la temporalidad en el sector público vasco

Otro de los puntos de conflicto es la temporalidad, en la que Euskadi es líder absoluto. Ninguna otra comunidad tiene tantos interinos como el País Vasco, donde la proporción roza el 50%, según la estadística del INE. El empleo en el sector público es el que ha tirado del mercado laboral hasta superar los 150.000 asalariados, pero con contrataciones temporales.

La avalancha de ofertas públicas de empleo (OPE) de estabilización de interinos que se han convocado no van a ser suficientes, según los sindicatos, para alcanzar el 8% que se estableció en la denominada 'ley Iceta'. Los datos oficiales escasean. Urkullu dijo el viernes en el Parlamento que se consolidarán 10.700 puestos, pero los cuentas no cuadran. «Solo en Osakidetza hay 10.000 interinos con código y unos 8.000 eventuales sin código. La temporalidad no va a bajar del 25%-30%», apunta Ugartemendia, de LAB.

«Las OPE de estabilización palían la situación, pero no la solucionan», señala Fran Osuna, responsable de negociación colectiva de CC OO-Euskadi. Defiende el apoyo de su sindicato a todas las huelgas del ámbito público porque, apunta, no hay avances en las mesas de negociación desde hace años. «No hay una campaña orquestada, como dice Urkullu. Nosotros no somos sospechosos de apoyar la estrategia de ELA», dice.

La posición de UGT-Euskadi, el sindicato discrepante, es muy diferente. «Nosotros también defendemos los servicios públicos, pero no compartimos estos paros organizados por ELA y LAB, que solo buscan la foto», critica Arantza Agote, responsable de Servicios Públicos. A su juicio, hay diferencias abismales con el bloque sindical abertzale por los perfiles lingüísticos que quieren exigir en la consolidación de interinos. «Y su mayor preocupación es perder su empleo», sentencia.

Por el lado del Gobierno, Urkullu ha sido categórico en sus últimas comparecencias. «¿Somos quienes peores condiciones de trabajo tenemos? ¿Somos quienes peores servicios públicos ofrecemos?», cuestiona. Cuenta con datos como los publicados recientemente por la Asociación de Directivos y Gerentes de Servicios Sociales, que concluyen que Euskadi es la segunda comunidad que más gasta por persona en sanidad y la primera en educación. Asegura que hay una estrategia «organizada y deliberada» de la izquierda abertzale para generar un «clima de malestar social».

En el departamento de su socia en el Gobierno, la vicelehendakari socialista Idoia Mendia, no quiere entrar en un debate que «corresponde al área de Gobernanza donde se deben encauzar las demandas». Lanzan, sin embargo, un mensaje para invitar a reflexionar. «Huelgas políticas fueron las que hicieron los sindicatos nacionalistas nada más arrancar el Gobierno de Patxi López. Habrá que entrar más a saber si realmente las razones que se argumentan son abordables o no. Si lo son, hay que encauzarlas. Y si no lo son, explicar por qué», señalan.