Apenas medio millar de vascos pueden verse obligados a pagar el nuevo 'impuesto a los ricos'

Pero a estas alturas de la tramitación hay muy pocas cosas claras y todavía muchas incógnitas sobre la mesa. A estas últimas horas del partido, lo cierto es que el PNV, según las fuentes consultadas, se inclinaría por dejar sin efecto este nuevo tributo en Euskadi con el argumento de que los vascos ya pagan Patrimonio y la comunidad autónoma ha sufrido hasta ahora una fuga de contribuyentes que recalaban en Madrid para evitar el pago del impuesto.

Una exención que se conseguiría si las diputaciones de los tres territorios vascos tienen capacidad normativa sobre el tributo de grandes fortunas y si, además, lo pactan con los socialistas en los respectivos ejecutivos forales. No hay que olvidar que ambos partidos gobiernan en coalición en las grandes instituciones de Euskadi.

«No concebimos otra cosa en un impuesto directo como éste que no sea tener la capacidad normativa», apuntan fuentes próximas a la formación jeltzale, si bien aclaran que no existe una posición definitiva sobre qué se hará en torno a su aplicación y con qué limites.

Expertos en fiscalidad advierten, además, que la propuesta impulsada por el PSOE y Unidas Podemos que se tramita en el Congreso no eliminará del todo el factor de atracción que tiene la comunidad de Madrid y ahora Andalucía -Murcia también ha anunciado la supresión del Impuesto de Patrimonio en 2023-, porque aún existirá un colectivo que quedará exento en esas autonomías y no en Euskadi. Se trata de aquellas personas con patrimonios de entre 800.000 euros y 3.700.000 -tres millones más 700.000 euros correspondientes a vivienda propia-, que es la base a partir de la que habrá obligación de contribuir por el llamado 'impuesto de los ricos'.

El Gobierno de Pedro Sánchez quiere que el Impuesto de Grandes Fortunas entre en vigor este mismo año, para lo que se tomaría como referencia el importe de los patrimonios de los contribuyentes a fecha de 31 de diciembre. El primer pago, previsiblemente, se producirá en julio de 2023, aunque el Ministerio de Hacienda ya maneja también la opción de que sea a partir del mes de septiembre.

El objetivo último, en cualquier caso, es obligar a que los patrimonios elevados de Madrid y ahora también de Andalucía tengan un impuesto similar al que grava el ahorro en el resto de España, con una metodología de cálculo idéntica, con carácter complementario -en el de Grandes Fortunas se descuenta lo abonado en Patrimonio-, en un intento de evitar la fuga de contribuyentes de unas comunidades a otras en las que tengan mejor tratamiento fiscal.

Un total de 17.500 vascos, aproximadamente, pagan en la actualidad el Impuesto de Patrimonio porque sus propiedades netas -valor bruto del patrimonio, menos deudas y menos la vivienda habitual aunque con límites- superan los 800.000 euros o porque sus activos brutos superan los dos millones. La recaudación por este concepto, sin embargo, es exigua. Apenas 168 millones de euros en la última campaña, una cantidad que supone apenas el 1% de los ingresos anuales de las haciendas forales.

Incluso en la hipótesis de que las diputaciones vascas hagan de meros amanuenses y copien la normativa del Estado -la concertación no es discutible porque el Concierto Económico obliga a hacerlo con cualquier nuevo impuesto que implante la Administración central-, el impacto sería muy limitado en Euskadi.

El concepto de 'megarico' no abunda en Euskadi y apenas 300 contribuyentes vizcaínos, 50 alaveses y 150 guipuzcoanos declaran patrimonios por encima de los 10,69 millones de euros y susceptibles por tanto de caer en las garras del nuevo tributo. Cifras que contrastan con los 22.746 contribuyentes que la Agencia Estatal Tributaria ha identificado en España como susceptibles de contribuir con el Impuesto sobre las Grandes Fortunas.

17.500vascos pagan el Impuesto de Patrimonio, por el que se recauda 168 millones.