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La fórmula propuesta por la patronal vasca para propiciar un aumento extraordinario y coyuntural de la presión fiscal en Euskadi tiene antecedentes en la propia comunidad. Alguna extraña premonición llevó en los primeros meses de 1983 al Gobierno vasco, presidido por Carlos Garaikoetxea, a aprobar ... un proyecto de ley de 'Principios Generales de la Hacienda General del País Vasco', que abría la posibilidad a que el Parlamento de Vitoria aprobase recargos en el IRPF. Un mecanismo previsto en el artículo 157 de la Constitución. La ley fue aprobada en junio y apenas dos meses más tarde, en agosto, varias zonas de Euskadi -la capital vizcaína sufrió de forma muy intensa el desbordamiento de la Ría- fueron arrasadas por las inundaciones que provocó una gota fría. En octubre de ese mismo año, el Parlamento vasco aprobó una ley específica
En 1991 Alemania impulsó una medida similar, el 'Solidaritätszuschlag', un recargo en el Impuesto sobre la Renta de los ciudadanos y también en el Impuesto de Sociedades que grava los beneficios de las empresas, para financiar la ampliación del gasto público en la unificación. Ese gravamen especial a la unión del Este y el Oeste se ha mantenido vivo hasta este año, ya que una ley aprobada por el Bundestag a finales de 2019 concretó su desaparición en 2021.
Hay más antecedentes en Euskadi, aunque tan sólo en grado de tentativa. En enero de 2012, y en medio de un intenso enfrentamiento con el PNV por cuestiones fiscales, el entonces lehendakari Patxi López expresó su deseo de propiciar un recargo en el IRPF como vía para aumentar la presión tributaria y añadir recursos a un presupuesto público que generaba déficit a la velocidad de la luz. La idea encontró una oposición frontal en el PNV y fue entonces cuando nació la 'teoría de la vaca', expresada en una comparecencia por el diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao. «La vaca está exhausta, famélica. Por mucho que la ordeñemos no vamos a sacar más leche».
El recargo aprobado en 1983, que se sustanció en la declaración de IRPF realizada en la primavera de 1984, tenía carácter progresivo -aumentaba su presión en las rentas medias y más aún en las altas- y los contribuyentes con menos ingresos estaban exentos. En aquel momento se fijó la aplicación a quienes obtenían ingresos anuales por encima de las 650.000 pesetas. Actualizado en moneda constante supondría, aproximadamente, 12.600 euros del año 2020.
El porcentaje de recargo iba desde el 1,7% para las rentas más bajas hasta el 6,4% para las más elevadas, y se aplicaba sobre la cuota íntegra. Esto es, sobre la cifra que se obtiene tras aplicar a la base imponible -la renta menos algunas reducciones-, el tipo de gravamen individual. Es la cifra bruta antes de aplicar las deducciones familiares o de inversión en vivienda habitual, etc. Era, en cualquier caso, un recargo 'liviano' porque la recaudación que se obtuvo tampoco fue como para tirar cohetes desde las arcas públicas: actualizado al día de hoy sería el equivalente a unos 170 millones de euros.
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