Siete años de cárcel y tres millones de euros de multa para Víctor Bravo, exdirector de la Hacienda de Gipuzkoa

El exdirector de la Hacienda de Gipuzkoa y exsenador del PNV Víctor Bravo ha sido condenado a siete años de cárcel por tres delitos fiscales en torno a la mercantil Glass Costa Este Salou. Asimismo, deberá afrontar una multa de 3.118.987 euros y a indemnizar a la Agencia Tributaria con 1.559.493,60 euros de manera solidaria con el segundo acusado también condenado, su socio el empresario Fernando Isidoro González Enfedaque (ex de Air Madrid), que ve rebajada su pena a once meses y 29 días de prisión -las acusaciones solicitaron para él cuatro años y medio- por haber devuelto ya un millón de euros durante el juicio. González Enfedaque deberá abonar asimismo una multa de un millón y medio de euros. Ambos pierden la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante tres años.

Durante la vista oral que tuvo lugar los días 17, 18 y 19 septiembre del año pasado en San Sebastián, Víctor Bravo y el otro acusado, Fernando Isidoro González Enfedaque, centraron todos sus esfuerzos en acreditar la legalidad del establecimiento de la sociedad Glass Costa Este Salou, dedicada a la promoción inmobiliaria, en territorio guipuzcoano. Por el contrario, la media docena de inspectores de la Hacienda estatal y de técnicos del fisco foral que testificaron posteriormente no encontraron ni actividad ni empleados en las investigaciones a esa sociedad en las que tomaron parte cuando este caso estalló, hace una década.

Los testigos que comparecieron en la segunda jornada del juicio, algunos propuestos por la defensa, otros por la acusación particular y otros compartidos por las dos partes, declararon sobre asuntos muy técnicos relacionados con la constitución de la sociedad Glass Costa, su presunta deslocalización para acogerse a la normativa tributaria de Gipuzkoa o el domicilio fiscal de los administradores y de la sociedad. Si en la primera jornada de la vista oral comparecieron seis testigos, el segundo día fue el turno de otros once de los doce que estaban previstos, mayoritariamente técnicos con responsabilidad en Hacienda, algunos de la estatal y otros de la foral, aunque también hubo dos socios de la compañía y un asesor fiscal. El tercer y último día fue el turno de las pruebas periciales y los informes finales de las partes.

El caso salió a la luz tras una investigación que capitaneó el entonces fiscal jefe de Gipuzkoa, Jaime Goyena, en colaboración con la Agencia Tributaria y la Hacienda guipuzcoana. Era el año 2009 y suponía el segundo 'tsunami' en la Hacienda foral de Gipuzkoa, cuya credibilidad estaba en tela de juicio tras el fraude de la Hacienda de Irún, que acabó con la condena a diez años del que fuera director de la oficina de la localidad fronteriza, José María Bravo, hermano del ahora juzgado.

En la denuncia original de 2009 Víctor Bravo era acusado de cinco delitos contra la Hacienda pública, dos de cohecho, uno de prevaricación y otro de omisión del deber de perseguir delitos. La denuncia provocó una comisión de investigación en las Juntas que sacó a relucir enormes lagunas en el funcionamiento de la Hacienda foral durante sus 12 años como director, y concluyó declarándole responsable político del caso. Pero Víctor Bravo se enfrentó finalmente en el juicio únicamente a tres presuntos delitos contra la Hacienda pública, los relativos al supuesto fraude en el Impuesto de Sociedades.