Ángel Cano y otros siete directivos de BBVA, imputados por el 'caso Villarejo'

Se trata del exconsejero delegado de la entidad financiera, Ángel Cano; del exjefe de seguridad, Julio Corrochano, que era el encargado de mantener un trato directo con Villarejo; Ignacio Pérez Caballero, director de Red de Banca Comercial en España; Javier Malagón Navas, director en el área de Finanzas; Antonio Béjar, presidente de la filial inmobiliaria Castellana Norte; Ricardo Gómez Barredo, exdirector de contabilidad y consejero del banco turco Garanti; Inés Díaz Ochagavía, actual responsable de seguridad de la entidad, y Nazario Campo Campuzano, miembro de esa misma área. Junto a ellos también ha citado como imputado al abogado y socio de Villarejo Rafael Redondo.

Esta primera tanda de declaraciones se completará con el testimonio del propio excomisario, el epicentro de la presunta trama de espionaje, que será interrogado por el magistrado y representantes de la Fiscalía la próxima semana en la cárcel de Estremera donde se encuentra recluido.

Los detalles del caso se conocieron públicamente a principios de año, aunque el banco reconoció haber abierto una investigación interna -sin resultado alguno- a mediados de 2018. Parece probado que BBVA mantuvo contratados los servicios de la empresa Cenyt -la sociedad que utilizaba Villarejo para facturar sus actividades- entre los años 2004 y 2018, por lo que llegó a abonar cantidades cercanas a los 10 millones de euros. Todo apunta a que la relación se inició justo en el momento en que el grupo inmobiliario Sacyr trataba de armar una operación de asalto al banco, elevando su participación en el accionariado y aliándose además con otros inversores relevantes, con el objetivo de apartar a Francisco González de la presidencia de la entidad financiera. Algunas conversaciones que se han filtrado permiten intuir que Villarejo desplegó una tupida red de escuchas telefónicas -entre los espiados estarían altos cargos del Gobierno de Zapatero, de la CNMV y también directivos de banca- y que el contenido más relevante lo ponía en manos del BBVA, a través del exjefe de seguridad Julio Corrochano.

Al salir a la luz las presuntas actuaciones delictivas de Villarejo para BBVA, varios afectados interpusieron denuncias en la Audiencia Nacional para impulsar la investigación. Entre ellos, el exministro de Industria socialista Miguel Sebastián; el exvicepresidente de la CNMV Carlos Arenillas; el expresidente de Sacyr, Luis del Rivero, y el exvicepresidente de BBVA José Domingo Ampuero.

Terminada la 'operación Sacyr' -los impulsores renunciaron después de comprobar que no conseguían reunir un porcentaje suficiente de acciones y de que tampoco tenían el respaldo del área económica del Gobierno-, la relación de Villarejo con el banco se mantuvo viva y se amplió a otros 'objetivos' de interés. Entre ellos, al parecer, una investigación privada sobre los directivos de la asociación Ausbanc, a los que la entidad financiera acusó de un presunto intento de chantaje en sus publicaciones.

La declaración de estos investigados va a permitir a García-Castellón elaborar un primer perfil de la magnitud del caso. También puede ayudar a clarificar el grado de participación en esta trama de otros altos cargos de la entidad financiera. Más en concreto la participación directa o no del expresidente Francisco González, que desde el mismo momento en que se conoció la relación profesional de Villarejo con BBVA se situó en el centro de atención. El pasado mes de marzo, y apenas unas horas antes de que se celebrase en Bilbao la junta de accionistas del banco, González accedió a dimitir de los cargos honoríficos que conservaba, tanto en el BBVA como en su Fundación. Una decisión que relajó de forma notable la presión que existía sobre el consejo de administración -a quienes se criticaba su inacción en un momento tan delicado para la reputación de la entidad- y también sobre el actual presidente, Carlos Torres.

Por otra parte, EL CORREO pudo confirmar este martes en fuentes de la entidad que BBVA no hará público el resultado de su investigación interna. El banco estima que le afecta el secreto de las actuaciones, decretado por el juez García-Castellón, que será el primero en conocer las conclusiones de un trabajo que, apuntan, está a punto de concluir. Esta investigación fue encargada por el consejo de administración a las firmas PWC, Uría y Garrigues y ha movilizado el trabajo de cincuenta profesionales de estas empresas durante casi seis meses.