Manu Alvarez
Bilbao
Viernes, 27 de marzo 2020, 11:01
Todos los contratistas públicos, aquellos que trabajan para la Administración prestando servicios o realizando obras, van a seguir cobrando el importe correspondiente a los salarios de sus trabajadores. Esta es la razón, aclara el Gobierno vasco, de que se hayan comenzado a rechazar las ... solicitudes de ERTEs presentados ya por algunas contratas, como sucede con los comedores escolares. «No tiene sentido mandar a los trabajadores al paro si sus salarios están respaldados por la Administración», señalan fuentes del Ejecutivo vasco. Este esquema afecta al Gobierno central, a los Ejecutivos autonómicos, a las diputaciones, ayuntamientos y a todas las sociedades públicas que dependen de ellos.
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Lo cierto es que ésta no es una decisión adoptada en Euskadi, sino que ya figura en el artículo 34 del Real Decreto aprobado por el gabinete de Pedro Sánchez de «medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19». Así, se establece que en aquellos contratos públicos cuya actividad tenga que ser suspendida –el ejemplo de los comedores es muy claro, pero vale también la limpieza de espacios y locales públicos, etc.- el contratista tendrá derecho a recibir una indemnización, durante todo el periodo que dure el Estado de Alarma. Esa indemnización cubrirá, señalan fuentes del Gobierno vasco, los gastos fijos como alquileres de locales, maquinaria, etc. que sean imputables a ese servicio que se presta. También la parte proporcional de seguros, costes de avales y la totalidad de los salarios y las cotizaciones sociales de los empleados vinculados al servicio.
El decreto también recoge previsiones de prolongación de algunos contratos de obras que deban ser paralizadas como consecuencia de este momento tan extraordinario, así como de prórroga automática de aquellas adjudicaciones que tengan su vencimiento durante el Estado de Alarma, con el objetivo de no provocar la interrupción de los servicios que prestan empresas privadas para la Administración, en cualquiera de sus niveles.
Fuentes del Gobierno vasco señalan, además, que el pago de las Administraciones públicas se realizará después de que los contratistas demuestren y acrediten que no han enviado a sus trabajadores al paro y que les han abonado las nóminas.
El Departamento de Trabajo ya ha comenzado a rechazar solicitudes de ERTEs de algunas empresas que se encuentran en esas circunstancias. Hacer lo contrario, señalan desde el Ejecutivo vasco, generaría que esas empresas obtienen un beneficio extraordinario injustificable e injusto. Estarían reduciendo los costes laborales al mandar a sus trabajadores a un desempleo temporal, mientras ingresan ese mismo dinero de quien les ha contratado. Un auténtico chollo en términos de cuenta de resultados.
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En este contexto, el sindicato UGT ha hecho público un comunicado en el que "celebra que la autoridad laboral haya rechazado el ERTE" de algunas empresas de comedores escolares, a quienes acusa de haberse "querido enriquecer de forma ilícita".
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