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La batalla que atraviesa la compañía eléctrica Holaluz, centrada en energía fotovoltaica e instalaciones de autoconsumo, se ha cobrado la expulsión del consejo de administración de Geroa (el fondo de pensiones impulsado por la patronal guipuzcoana, Adegi). La decisión la ha adoptado la junta de ... accionistas celebrada este viernes al respaldar una acción social de responsablidad contra la EPSV colectiva y acusar al director general de Geroa, Jordan Sánchez, como miembro del órgano de gobierno de la eléctrica de provocar «daños al patrimonio de la compañía» cotizada. Geroa invirtió en la creación de la compañía hace cinco años 10 millones, que suponen un 6,68% del capital de Holaluz.
La medida se ha aplicado también contra otro miembro del consejo de administración, el representante del fondo de inversiones Axon Capital, que tiene un 16,8% de las acciones de la empresa energética renovable fundada y presidida por Carlota Pi. Tanto el fondo, como Geroa no aprobaron a finales de abril las cuentas de la empresa, que atravesaba un momento complicado. La fuerte inversión para el despliegue contaba con una financiación que debía replantearse ante la caída de los ingresos provocada por el descenso de los precios de la luz y generaba problemas de liquidez.
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La decisión de los dos accionistas con presencia en el consejo provocó una crisis que forzó la suspensión de cotización de Holaluz mientras sus fundadores, Carlota Pi, Oriol Vila y Ferran Nogué buscaban la refinanciación de al menos 21 millones. De regreso a los mercados, la cotización llegó a perder un 56% pasando de un valor total de 129 millones a 56. La mayoría de los accionistas de Holaluz creen que Geroa y Axon Capital actuaron de forma arbitraria y dañando a la empresa al no aprobar unas cuentas que no tenían salvedades del auditor, en este caso E&Y.
En la junta de este viernes varios accionistas minoritarios han pedido a la junta la aplicación de esta medida de control prevista sobre los gestores de una empresa -la acción social de responsabilidad-. Una herramienta recogida en la Ley de de Sociedades de Capitales y que permite apartar del consejo de administración a quienes hayan procurado un daño a la empresa o se hayan comportado con negligencia grave. La propuesta ha salido adelante y los consejeros de Geroa y Axon han sido apartados.
La normativa da ahora un plazo de cuatro años para que Holaluz pueda iniciar una reclamación por vía judicial. Fuentes de la empresa han señalado a EL CORREO que sobre ese aspecto no hay nada decidido y que es todavía una cuestión prematura.
Mientras tanto, Holaluz ha defendido en la presentación de sus resultados un futuro «esperanzador» con una reestructuración de los costes financieros que ha permitido reducirlos en 30 millones y dejar la deuda en un total de 57,2. Además, ha previsto para este año un resultado de operación antes de impuestos -ebitda- que ronde entre los 19 y 24 millones.
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