Más de 40.000 vascos se beneficiarán de la nueva obligación de cotizar por sus prácticas

El problema no es tanto el coste, ya que la Seguridad Social asume el 95% de la cuota a pagar, con lo que solo resta el 5%. En concreto, la cuantía establecida por contingencias comunes es de 2,5 euros al día, que con la bonificación se queda en solo 0,13 euros, a lo que hay que añadir 0,31 euros por contingencias profesionales, según el Real Decreto publicado el pasado 28 de diciembre en el BOE.

Las quejas vienen más por los trámites que implican las altas y las bajas y la falta de recursos para llevarlos a cabo. El malestar es palpable en las universidades de toda España, que se sienten «discriminadas» tras conocer que el Gobierno se hará cargo en el caso de la Formación Profesional y que consideran injusto tener que asumir la responsabilidad cuando corresponde a las empresas privadas y públicas que acogen a los estudiantes en prácticas. «Se han desentendido de esta obligación», criticó esta semana la Conferencia de Rectores de las Universidades Españoles (CRUE).

En Euskadi el Gobierno vasco ya anunció en octubre a la red de Formación Profesional que asumía «tanto la gestión del procedimiento como el coste de la correspondiente cotización», y que se había previsto una partida para ello en los Presupuestos de 2024. Las prácticas son vitales para la FP vasca, que goza de gran prestigio por su alta empleabilidad.

Eso supone que el Ejecutivo autonómico se ocupará de los más de 23.500 alumnos de FP que harán prácticas este año -la cifra incluye los 2.500 de la modalidad Dual remunerada, por los que antes cotizaban las empresas-, según fuentes del Departamento de Educación. De hecho, ya se han gestionado las altas de un millar de ellos estos primeros días de enero, aunque el grueso empezará a finales de febrero. Se trata, en gran medida, de lo que se denomina Formación en el Centro de Trabajo (FCT), necesaria para obtener el título correspondiente.

En el caso de las universidades vascas, son ellas las que se van a hacer cargo de los trámites y de los costes ante el riesgo de que las empresas no quieran hacerlo y los alumnos pierdan la posibilidad de hacer unas prácticas formativas exigidas para graduarse.

Para la UPV/EHU que gestiona cada año cerca de 14.000 prácticas, va a suponer una carga considerable. En declaraciones recientes su rectora, Eva Ferreira, se quejó de «la falta de recursos» para realizar todos estos trámites que, según el Real Decreto, «deberían asumir las empresas como regla general», pero de los que va a hacerse cargo la universidad, al menos provisionalmente, por el bien de los estudiantes.

La Universidad de Deusto estima que el número de estudiantes afectados por la medida en este curso será de unos 4.000 y ya ha procedido a dar de alta en lo que va de enero a unos 400. Como en el caso de la UPV/EHU, ha tomado la decisión de asumir, con carácter general, tanto la gestión de las altas y bajas como la cotización «para garantizar que los estudiantes puedan realizar con normalidad sus prácticas académicas externas curriculares».

También la Universidad de Mondragón va a seguir esa línea de hacerse cargo de todo lo que supone la nueva obligación y calcula que se encuentran beneficiados por el cambio normativo unos 1.300 alumnos.

Las críticas a la implantación de la medida no han hecho mella en el Gobierno central, que ha considerado lógico que «haya tensiones al principio». «Implica escaso coste económico y algún coste de gestión», señalaron en el Ministerio de Seguridad Social. El presidente, Pedro Sánchez, aplaudió esta pasada semana que «desde el 1 de enero las prácticas no remuneradas ya cotizan, con lo que saldamos una deuda de años con los becarios».