Más de 24.000 funcionarios vascos y sus familias se quedan sin sanidad privada

Que la convocatoria haya quedado desierta es algo histórico. Adeslas, Asisa y DKV han decidido no presentarse a la licitación del concierto, según anunciaron las compañías en sendos comunicados. Estas tres aseguradoras eran las únicas que prestaban asistencia sanitaria a través de Muface en el último concierto.

Consideran que la propuesta económica del Gobierno es insuficiente para compensar las pérdidas que asumen por este negocio. Así que ahora Muface intentará buscar alguna fórmula legal para seguir dando a los funcionarios las prestaciones de salud en las mismas condiciones y evitar un caso extremo en el que todos los beneficiarios tengan que ser absorbidos por una sanidad pública ya saturada de por sí.

De momento, el Ministerio de Función Pública anunció este martes que sacará a concurso una nueva licitación tras el fracaso de la actual. «Una vez que la licitación ha quedado desierta, Muface, como órgano de contratación, iniciará los trabajos para una nueva», señaló en un comunicado.

No hay opción para el sistema. Según un reciente estudio de la Fundación IDIS, la absorción de los trabajadores públicos por parte del Sistema Nacional de Salud provocaría, entre otras cosas, un aumento del 2% en el total nacional de visitas en Atención Primaria (más de 5 millones de visitas extra) y un incremento del 266% en las listas de espera para consultas externas y del 115% en las listas de espera para cirugías.

Del mismo modo, se apunta a la necesaria incorporación de casi 4.000 camas al sistema público para evitar la saturación, por no hablar de un aumento del gasto de la sanidad pública de 1.214 millones de euros anuales.

A las 10 de la mañana de este martes 5 de noviembre expiraba el plazo para que las aseguradoras respondieran a la oferta del Gobierno para la renovación del contrato de Muface.Las tres aseguradoras que prestan el servicio ya habían mostrado sus reticencias a la oferta del Gobierno. Pero es que tampoco se ha presentado ninguna nueva. Mapfre, por ejemplo, ya había descartado volver a formar parte de un sistema en el que participó hasta 2009 y que abandonó aquel año por esa falta de rentabilidad y las pérdidas generadas para su negocio, los mismos argumentos que emplean sus competidoras.

Quienes sí continuarán con su actual modelo de sanidad privado son 650.000 militares y trabajadores del Ministerio de Justicia junto a sus familias a través de las dos mutualidades que los cubren: la de los funcionarios de Justicia (Mugeju) y del Ejército (Isfas). Adeslas y Asisa han decidido que se presentarán a ambos conciertos cuyo plazo para adherirse ezpira este viernes, 9 de noviembre, pero no a Muface.

«Con esta decisión, Adeslas mantiene su compromiso con el sistema del mutualismo administrativo para aquellas mutualidades que permiten hacerlo sostenible, por los beneficios que ofrece a los funcionarios y sus familiares y las ventajas que supone para el conjunto del sistema sanitario español», explicó Adeslas.

La decisión de DKV es no presentarse ni a Muface ni Mugeju. En el comunicado donde informa de su decisión, la aseguradora detalla que tendría unas pérdidas de 77 millones de euros en dos años, casi las mismas que en el anterior concierto, que fue de tres años. La compañía asegura que el modelo está infrafinanciado, ya que el gasto de prestaciones médicas en el último concierto ha sido más de un 10% superior a la prima que ha recibido.

El Ejecutivo ofreció una subida de las primas del 17,12%, la más alta de la historia que no ha sido suficiente para estas empresas, que reclamaban un alza de al menos el 40% para compensar las pérdidas que genera este servicio, sobre todo tras dos años marcados por el aumento de costes derivado de la inflación, y ante un nuevo contrato en el que se han incluido servicios como la salud bucodental o mayores cuantías para los honorarios médicos. Es decir, más gastos.

El contrato propuesto por el Gobierno asciende a 2.681 millones de euros para los próximos dos años, lo que supone un incremento bianual de casi 304 millones en comparación con el concierto que vence este año.

La media por mutualista al año pasaría así de 1.032,12 euros a 1.208,81 euros en 2026, lo que supone un aumento de la prima por asegurado de 176,69 euros. Esto es un 17,12% más que el concierto actual. Pero las aseguradoras lo consideran «insuficiente». Y se apoyan en una cifra para defender su postura:esa prima es un 30% inferior a los 1.736 euros que se invierte por ciudadano en la Seguridad Social.

«Desde CSIF estamos muy preocupados y en medio de una gran incertidumbre», reconoce Mari Carmen Espejo, consejera de este sindicato en Muface, que no se atreve a aventurar qué puede pasar si nadie se presenta al concurso, porque nunca hasta ahora ha sucedido. «No contemplamos otra opción que no sea la continuidad del modelo establecido. Lo contrario sería un auténtico desastre para la sanidad que no cuenta con los medios suficientes para dar cobertura a más de dos millones de personas, que son las que ingresarían directamente en los servicios sanitarios de las distintas CC AA», advierte.Desde CSIF amenazan con que, llegado el caso, ya tienen preparadas movilizaciones para la próxima semana. El mayor temor es el colapso de un sistema ya de por sí saturado. «El trasvase de funcionarios a la pública es inviable», explican desde una de las aseguradoras implicadas. Recuerdan, no obstante, que la Administración cuenta con un «sistema de continuidad» que permitiría a Muface operar durante seis meses más allá de enero de 2025. «Habría tiempo hasta mediados de año para buscar una solución», indican, conscientes en todo caso del escaso poder de negociación ante unas condiciones que ya han sido aprobadas en Consejo de Ministros. «Como no ha pasado nunca, no sabemos qué solución podría ofrecer el Gobierno», insisten.