El Gobierno vasco interviene la Federación de balonmano

En la denuncia, Villoria acusa a Ruiz de Cezano de quedarse con al menos 4.000 euros de un contrato de patrocinio, según la citada información. Esta situación ha llevado al Gobierno vasco a adoptar la decisión de aplicar el artículo 18.1 del decreto de federaciones deportivas, que permite al Ejecutivo de Vitoria intervenir una asociación «cuando la función pública» delegada a estos organismos «no se esté cumpliendo». Lakua ha entendido que, debido a la investigación judicial abierta sobre la gestión de este organismo, lo más «procedente» ha sido hacerse con su control.

Como consecuencia de esta decisión, un interventor independiente, en concreto un jurista vinculado a la gestión deportiva, ha sido designado por el Gobierno vasco y se ha puesto este jueves al mando de la federación de balonmano. El presidente José Manuel Ruiz de Cenzano presentó el pasado 5 de junio su dimisión como miembro de la junta directiva de la Federación Española de Balonmano por motivos de «índole personal para poder dedicarse plenamente a conseguir superar la situación creada», según explico la RFEBM. Su máximo responsable, Francisco Blázquez, aceptó la renuncia y mostró su deseo de que «pueda solucionar satisfactoriamente esta situación y reintegrarse a sus funciones como directivo».

El denunciante, Gregorio Villoria, es el representante en las asambleas federativas del Bidasoa, el principal club vasco. Se integró en la junta directiva en febrero 2013 cuando el oñatiarra Ruiz de Cenzano fue designado presidente por cuatro años, cargo para el que fue reelegido en 2017. Debido a su experiencia profesional, el presidente le encargó la búsqueda de los seguros obligatorios vinculados a la licencia federativa. En junio de 2013 cerró un acuerdo con AON, con domicilio en la Torre Iberdrola de Bilbao. En el trato se recogió que la compañía pagaría a la Federación «8.000 euros anuales en concepto de patrocinio«, según se indica en la querella.

En julio de 2014 Villoria dimitió «por discrepancias con el presidente», pero hizo «seguimiento al acuerdo y ejecución del mismo», según se recoge en la acusación. «En el acta de la asamblea de octubre 2015 nada se mencionaba de ingresos por patrocinio«. En la cita de 2018, Villoria y Juan José Gude, exarbitro de la ASOBAL y también asambleísta, se enfrentaron al máximo responsable federativo por lo sucedido con la esponsorización. El acta indica que Ruiz de Cenzano les retó: »Si comentan que ha habido algún «rappel» en 2014 lo van a tener que demostrar«.

En 2013, cuando aún era directivo, AON envió a Villoria un resguardo del primer pago de 4.000 euros y le indicaba en qué cuenta se ingresó, según mantiene. Cuando empieza a sospechar tiempo después, repara en que la numeración no le suena como una de las de la Federación. En su querella contra el presidente solicita al juzgado la titularidad de la cuenta y sus movimientos. La respuesta es que no está a nombre de la Federación, sino de Ruiz de Cenzano y de su anterior tesorero, Juan José Díaz de Monasterioguren, quien falleció en noviembre de 2014. «Ruiz de Cenzano ha recibido al menos 4.000 euros en una cuenta de su titularidad cuando debería haber sido recibido por la Federación», se indica en la querella.