Escándalos en la Agencia Antidopaje ponen en jaque al deporte español a 7 meses de los Juegos

Por cercanía, conviene detenerse en el caso de Majida Maayouf, la atleta de origen marroquí nacionalizada española en junio de 2023 y residente en la localidad alavesa de Salvatierra. El pasado mes de diciembre batió el récord nacional de maratón (2h.21.27), una plusmarca que canjeó por un billete para los Juegos y, de paso, enterrar la sombra del dopaje que la persigue desde 2020, aunque no fue hasta el pasado julio cuando 'Relevo' desveló su caso.

Tras competir en Alemania, Maayouf dio positivo en noviembre de 2020 por terbutalina, un medicamento para regular el asma. El jefe del Departamento Antidopaje, David Muñoz-Guerra, ofreció a la atleta vasca la posibilidad de solicitar una AUT (Autorización de Uso Terapéutico) con carácter retroactivo para justificar el positivo. Se trata de un permiso para poder utilizar bajo prescripción médica una sustancia prohibida. La deportista debió solicitarlo antes de consumirlo, aunque en situaciones excepcionales se puede conceder a posteriori. Unos requisitos que a priori Maayouf no cumplía pero que el Comité pasó por alto. Las federaciones implicadas, afirma el citado medio, se pasaron la pelota unas a otras.

Muñoz-Guerra, por cierto, se sentará en el banquillo de los acusados por un doble delito de falsedad documental en el positivo de una atleta. Resulta sorprendente que en diciembre el COI y la AMA depositaran en sus manos la tarea de encontrar positivos por dopaje en los Juegos de Río 2016.

Subcampeón español de los 100 metros lisos (10.16 segundos), Patrick Chinedu dio positivo en 2019 por anabolizantes, según publicó hace dos semanas 'eldiario.es'. En una decisión inaudita, la CELAD no abrió expediente alguno y el caso fue a parar al cajón del olvido. No fue hasta el pasado noviembre cuando el Ministerio, desde entonces en manos de Pilar Alegría, inició una investigación al respecto.El resultado adverso de Chinedu se publicó en el perfil del atleta del sistema ADAMS, la plataforma informática de la AMA para el seguimiento de los deportistas y cumplimiento de la normativa. A pesar de ello, la AMA tampoco actuó en consecuencia. «No tengo noticias, nada, nada. Es muy raro», declaró el deportista.

A tenor de la investigación de 'Relevo', otro de los mecanismos empleados por la CELAD para no sancionar un positivo es sobrepasar el límite de tiempo -un año- que permite la normativa entre la apertura del expediente y su comunicación al deportista. Es el ejemplo de lo que sucedió con una representante nacional de esquí náutico -no se revela su identidad- en 2019. Se esperó hasta el día 365 que permite el reglamento para enviar la notificación de la sanción desde que se abriera el expediente. En lugar de hacerlo de manera telemática, con un envío directo, el mismo se hizo de forma postal, con lo que hubo que añadir varios días hasta que la misiva llegó. Así, la deportista comunicó su caso al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), que le dio la razón al estar fuera de plazo. Ella dio positivo en tres sustancias distintas, pero nunca ha sido sancionada.

El Pasaporte Biológico es un registro electrónico de todos los controles de orina y sangre a los que se somete un deportista. Una herramienta creada para llevar un control exhaustivo, al detalle, de los controles de cada profesional. A pesar de su presunta efectividad, Terreros admitió en 'Marca' hace casi dos años que sigue habiendo «cinco o seis» casos de Pasaportes Biológicos con resultados adversos sin sanción. Por tanto, la AMA ha permitido que España no sancione a estos deportistas a pesar de conocer sus positivos. 'Relevo' desveló la identidad de una de ellas: Ainhoa Pinedo. A la marchadora se le abrieron inicialmente las diligencias previas a un expediente sancionador por la CELAD el 6 de junio de 2019, el mismo día en que dicho expediente quedó suspendido.

Desde la CELAD se escudan en su incapacidad sancionadora a raíz de la de la sentencia de la Audiencia Nacional por el 'caso Ibai Salas'. El tribunal señaló en febrero de 2023 la incapacidad sancionadora del Pasaporte Biológico, un «eficaz instrumento para la lucha contra el consumo de sustancias dopantes, y su valor como medio o instrumento de prueba podrá resultar de inestimable ayuda». Pese a ello, requiere, según recogió la sentencia, un desarrollo reglamentario que en España no se produjo hasta el Real Decreto de 2023. Es decir, sin regulación, el Pasaporte Biológico no se podía considerar una posibilidad para sancionar. El Gobierno tiene una difícil papeleta que resolver a poco más de medio año para que se celebre la fiesta mundial del deporte.