La Audiencia anula la imputación del Barça por cohecho en el 'caso Negreira'

Joan Laporta coge algo de aire. Asediado por la oposición, que pide su cese por la mala temporada y por el sainete con Xavi, el presidente del Barcelona y la propia entidad azulgrana se han quitado un peso de encima.

Mientras comunicaba el cese al técnico, el mandatario ha sabido que la Audiencia de Barcelona ha tumbado un auto del juzgado número 1 de la capital catalana, que imputaba a todos los investigados en el 'caso Negreira', incluido el Barça, el delito de cohecho, que se produce cuando se da una relación corrupta entre un ciudadano y una autoridad o un funcionario público, en este caso, aceptar dinero a cambio de supuestos favores arbitrales.

El Barça pagó más de siete millones durante 18 años a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), unas cifras millonarias que la institución blaugrana niega que fueran para comprar a los colegiados. Sostiene que se limitaba a pagar por informes sobre los trencillas, aunque la sombra del amaño deportivo persigue desde hace meses a la entidad.

En consecuencia, el Barça, Laporta, Bartomeu y Rosell, entre otros, dejarán de ser investigados por el delito de cohecho, tal y como habían pedido los implicados en un recurso judicial, al que se sumó la Fiscalía Anticorrupción. El club azulgrana, a través de un comunicado, ha mostrado «su satisfacción» por la resolución judicial. «Mantenemos nuestra convicción de que a través de la justicia se podrán esclarecer definitivamente los hechos objeto de denuncia y acreditar la absoluta inocencia» de la entidad catalana, añade.

En cualquier caso, la Audiencia de Barcelona no archiva la causa que investiga desde hace un año el pago de 7,3 millones por parte del Barça al exvicepresidente de los árbitros, unos ingresos que han estado acreditados por la Agencia Tributaria y por la Fiscalía. El caso sigue abierto por los delitos de corrupción deportiva, administración desleal y falsedad en documento mercantil. Están investigados tres máximos responsables del club, Laporta, Bartomeu y Rosell, además de diversos directivos y los Enríquez, padre e hijo.

El delito de cohecho ha decaído de la causa por una cuestión técnica, días después de que la justicia tumbara también las acusaciones de blanqueo de capitales. El juez que instruye el caso atribuía el delito de cohecho al considerar como un funcionario público a Enríquez Negreira. Se basaba en que la Federación Española de Fútbol tiene la tipificación de entidad jurídico publica, en el ejercicio de sus funciones delegadas. Por ello, creía que sus directivos, incluidos los responsables de los árbitros, tenían que ser considerados como funcionarios públicos.

La Audiencia de Barcelona niega esta condición a Negreira. A pesar de ejercer algunas de sus competencias delegadas por el Consejo Superior de Deportes, según recuerda la Audiencia de Barcelona, «las federaciones deportivas españolas son entidades privadas de naturaleza asociativa, sin ánimo de lucro y con personalidad jurídica propia». «Es inviable» considerar a Negreira como un funcionario, remata la justicia. Y si no es funcionario, ya no se le puede atribuir el delito de cohecho.

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