En España la crispación política no se ha suavizado ni siquiera con la dureza del coronavirus, más bien al contrario. Los reproches de uno y otro bando han sido una constante, sin querer bajar la guardia, sin tratar de buscar puntos en común para poder ... salir juntos hacia adelante. Pero más allá de la pandemia y de todo lo que la rodea, lo cierto es que hay algunos temas en los que, aunque resulte sorprendente, fuerzas políticas de todos los colores se dan la mano.
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Uno de ellos es el fútbol femenino. Ya sucedió hace meses con la firma del primera convenio colectivo y ahora vuelve a pasar con la lucha para que la máxima categoría, la Primera Iberdrola, sea reconocida como profesional. Una de las capitanas del Athletic, Garazi Murua, reconoció a este periódico hace unos días que el hecho de que su liga no sea considerada como tal, es toda «una discriminación». Esto ha conllevado que no puedan retomar la competición, como sí lo hará la primera y segunda categoría masculina y la ACB de baloncesto, las únicas ligas que gozan de ese estatus.
La Asociación de Clubes de Fútbol Femenino (ACFF) y los sindicatos ya se han puesto en marcha, trasladando la petición de las propias jugadoras al Consejo Superior de Deportes, órgano que tiene la potestad de permitir ese salto legal. Alegan que todos los requisitos se cumplen, destacando que las futbolistas cuentan con contratos profesionales y que existe una importante dimensión económica de la competición, que cada vez va a más, con audiencias que superan los 6 millones de espectadores al año, siendo la tercera liga nacional en ingresos por comercialización de sus derechos audiovisuales por detrás de la Primera División y la ACB.
Una batalla que ha llegado hasta el Congreso, donde el Partido Popular ha presentado una proposición no de ley. Lo mismo ha hecho Vox días más tarde. Uno de sus miembros, Rafael Fernández-Lomana, ha solicitado recientemente al ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, a que autorice el cambio. Este, por su parte, ha dejado caer que la obsoleta Ley del Deporte de 1990, será revisada y actualizada pronto.
Ciudadanos también ha mostrado su apoyo. La última vez fue hace apenas unos días cuando Guillermo Díaz lamentó que tras la celebración «por todo lo alto» de la firma del convenio colectivo se produjese la suspensión del torneo. «No tiene mucho sentido». Laura Borrás, de JxCAT; Jon Iñarritu, de EH Bildu y Joan Margall (ERC) han pedido asimismo la profesionalización de la Primera División femenina.
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Por su parte, el diputado socialista Juan Luis Soto invitó al grupo popular, el mayoritario en la oposición, a apoyar «una reforma que permita garantizar la profesionalidad de las mujeres deportistas de este país o el anteproyecto de Ley del Deporte«, puesto que ese documento »contempla esos avances en la igualdad de derechos laborales y salariales para las mujeres deportistas«. Durante la reciente Comisión de Cultura y Deporte, María del Mar García Puig, representante de Unidas Podemos-En Comú Podem-En Marea, expresó su deseo de que la nueva ley sea «feminista» e «igualitaria», refleje la «justicia social», facilitando «la profesionalización y la representatividad femenina en el entorno federativo». «No podemos tardar más en terminar con la discriminación de la mujer en el mundo deportivo», remarcó.
La pelota está por tanto en el tejado del Consejo Superior de Deportes, que es el único que puede llevar a cabo este cambio. Según apuntaron a la agencia EFE fuentes del mismo, «es de total interés para el Consejo que el fútbol femenino adquiera la relevancia y profesionalización que merece». Recuerdan, de hecho, que la presidenta Irene Lozano centró su tarea en las primeras semanas desde la toma de posesión del cargo en tratar de mediar para una resolución del convenio colectivo.
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Pero antes de que el CSD pueda calificar una liga como profesional, señalan que se tiene que dar una serie de pasos. «Serán criterios para la calificación de competiciones de carácter profesional, entre otros, la existencia de vínculos laborales entre clubes y deportistas y la importancia y dimensión económica de la competición. Al respecto, cabe recordar que el convenio del fútbol femenino ni siquiera está publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) porque UGT lo impugnó. También hay que decir que los clubes que conformen esa futura liga profesional deben haberse constituido en SAD», puntualizan.
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