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La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) entiende que no puede haber una liga profesional femenina, como ya ha prometido el Gobierno para la próxima temporada, sin negociar antes un nuevo convenio colectivo, acuerdo que tardó más de año en hacerse efectivo, en 2020, debido a varias discrepancias. Por ello instan a que todas las partes se vuelvan a sentar para dar forma a un documento actualizado en el que se negocie el salario mínimo y se suprima la parcialidad, como unas de las principales cuestiones a cambiar.
El sindicato considera que sería "un anacronismo" y que supondría "mantener la discriminación respecto al fútbol masculino" el no avanzar en estos puntos clave. La secretaria de Estado y presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD), Irene Lozano, aseguró hace apenas unos días que se encuentran debatiendo en estos momentos sobre aspectos relativos a la profesionalización de la Primera Iberdrola con todos los implicados, así como el reparto de ingresos para los clubes, presupuestos, controles financieros, la configuración de la propia competición, los derechos de imagen de las retransmisiones audioviduales y otro tipo de derechos de comercialización.
La AFE ya presentó en enero un escrito de denuncia del convenio vigente a las partes firmantes del mismo y a la Dirección General de Trabajo para proceder a negociar un nuevo texto, con la composición de la comisión negociadora y el establecimiento de un calendario de negociación. Además de los puntos ya mencionados, señalaban como prioritarios revisar la compensación de preparación o formación -que terminó siendo llevada hasta la Audiencia Nacional el pasado verano-, los derechos de explotación de imagen, el fondo de garantía social y la conciliación de la vida familiar y laboral.
Debido a la falta de respuesta, la junta gestora de AFE remitió la semana pasada una carta a la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino (ACFF), a los clubes que no forman parte de esta y al resto de sindicatos en la que recordaba que el convenio había sido denunciado "en tiempo y forma" y que las futbolistas "debían votar a sus representantes en el banco social de la comisión negociadora". Para ello los clubes enviarán a cada uno de los sindicatos participantes un censo electoral en el que consten todas las futbolistas incluidas en el ámbito de afectación del convenio colectivo.
Este acuerdo, el primero del fútbol femenino español, fue firmado el 19 de febrero de 2020, pero no pasó a ser efectivo hasta su publicación en el BOE a mitad de agosto. Tiene vigencia hasta el próximo 30 de junio, salvo denuncia con una antelación mínima de tres meses, como ha sido el caso, por lo que los derechos de las jugadoras de la máxima competición nacional femenina en España vuelven a estar sobre la mesa.
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