El despropósito como norma

La salida de la guardia pretoriana de Luis Rubiales ha tenido que arrancar del amago de plante de las jugadoras, hartas de aguantar el ninguneo, la falta de recursos, el miedo (así lo declaran) y el ambiente tóxico que han denunciado colectivamente. Su posición casi unánime tiene que ser suficiente para poner pie en pared, y la salida de personajes como Andreu Camps, secretario general y brazo ejecutor de los excesos de Rubiales, es un beneficio para las jugadoras, sí, pero por extensión también para todo el fútbol, a la espera de que unas nuevas elecciones traigan aire fresco. Seamos ingenuos.

Entre los despropósitos que hemos vivido estos días está la existencia de una convocatoria 'no consentida' de jugadoras por parte de la Federación en funciones, con la colaboración en ello de una nueva seleccionadora cuyo futuro puede estar también en el aire. No se entiende que llamara a quienes no querían acudir, lo que forzaba a las reticentes jugadoras hasta ver conseguidas sus reivindicaciones. Pero tampoco se entiende la intervención 'conciliadora' del CSD (Gobierno), asegurando que las jugadoras que quisieran marchar no serían sancionadas, pese a lo que prevé la legislación deportiva, se supone que de obligado cumplimiento. Lo que pone de manifiesto, por fin, otro sinsentido, éste ya atávico: la obligación legal de acudir a las selecciones, y la amenaza de fuertes sanciones ante la negativa «no justificada» de las y los deportistas.

Nunca hemos entendido esta sagrada obligación, salvados los casos en los que los seleccionados reciban directas subvenciones y becas por parte de los entes convocantes. No compartimos que ir a una selección nacional (sea la que fuere) no sea sino un honor, incluso un derecho del deportista ante los méritos contraídos. Nunca un deber sometido a castigo.

Porque sí, la Ley española del Deporte incluye entre las obligaciones de las personas deportistas federadas el «acudir a las convocatorias de las selecciones deportivas cuando sean debidamente citadas», y considera infracción muy grave «la falta de asistencia no justificada», conducta ante la que pueden imponerse sanciones de suspensión de licencia federativa por un período de entre dos a cinco años, o multas de hasta 30.000 euros.

Matizaremos que al no haberse desarrollado reglamentariamente el régimen sancionador previsto en la vigente ley podría entenderse de aplicación el contenido en la anterior ley del deporte de 1990, si bien ésta ya contemplaba la misma obligación, igual calificación de la infracción y similares castigos.

Lo que menos puede aún entenderse es que Administración y Federación garanticen excluir las sanciones en el marco de una negociación. ¿Alguien puede explicarnos para qué está una obligación de esa relevancia sujeta a la total discrecionalidad de la autoridad competente para imponerla?

Por cierto, recordaremos la oposición de algún partido como Bildu a la inclusión en la ley española de esta obligación de los deportistas de acudir a las selecciones estatales, y su apoyo, poco después, a una ley vasca del deporte que establece la misma obligación de asistencia a las selecciones vascas, bajo la consideración de infracción grave. Algún día nos explicarán esa ley del embudo deportivo-simbólica.

Mientras tanto, esperemos que el esperpento del balompié organizado nos dé un respiro. Y de paso, también, que nuestros federativos vascos, sobre todo los que siguen a sueldo en la directiva de la española, nos expliquen por qué consideran que «estos cinco años han sido impecables». Y a cambio de qué han torpedeado en Madrid las decisiones del fútbol vasco. Sigamos reincidentes en nuestra ingenuidad.