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Sergio García
Viernes, 11 de abril 2025, 08:08
La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) ha demandado a la promotora Last Tour –responsable, entre otros, de festivales como el Bilbao BBK Live ... y el Azkena Rock de Vitoria– por no haber abonado las cantidades derivadas de los derechos de autor de tres ejercicios, los correspondientes a los años 2022, 2023 y 2024. También le reclama más de cuatro millones de euros por diversos conciertos, correspondiendo la mitad de esta cifra a las actuaciones que la estrella del pop norteamericana Taylor Swift ofreció en Madrid. En esta relación de intérpretes y compositores afectados figurarían nombres como Sting, Juan Luis Guerra, Rigoberta Bandini o Leiva. La promotora bilbaína, por su parte, niega las acusaciones y arremete contra el denunciante por la opacidad de su gestión y por lo que considera «tarifas abusivas» que, asegura, en el caso de la intérprete de 'Shake It Off' o 'We Are Never Ever Getting Back Together' casi sextuplican las pagadas en su país de origen.
No es la primera vez que la SGAE mantiene conflictos con Last Tour. Su común trayectoria incluye ya dos demandas, la última de 2019 y fallada a favor de los autores, lo que les lleva a calificar sus relaciones de «complicadas». El detonante de este último desencuentro, cuya demanda ha sido presentada en el juzgado mercantil de Bilbao, es el aviso por parte de la entidad de gestión colectiva BMI, que opera en Estados Unidos, de que España era el único país del que no habían percibido las cantidades acordadas por las actuaciones de Taylor Swift, cuyos derechos de autor ascenderían a unos dos millones de euros.
La promotora bilbaína ha emitido un comunicado rechazando que esté «en contra de los derechos de autor y de una remuneración justa a los titulares de derechos». Considera en este sentido «abusivas» las tarifas de la SGAE, lo que aseguran es especialmente patente en los recitales de Taylor Swift en la capital de España, a los que, critican, la Sociedad ha pretendido aplicar unas tarifas del 8,5% mientras que en el país de origen esas cifras son del 1,5% (siendo del 4,2% en Reino Unido o del 3% en Bélgica). Last Tour responde poniendo en tela de juicio las tarifas y prácticas de la SGAE, denunciadas anteriormente, dice, por la Asociación de Promotores Musicales (APM) de la que forma parte ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
La promotora bilbaína hace hincapié en que «la cantidad que reclama la Sociedad de Autores duplica las cifras reales» y niega que no esté facilitando la información recabada en taquilla, al tiempo que critica la «opacidad absoluta» que rodea las comisiones que la SGAE cobra por su intervención y culpándole de romper el diálogo cuando su intención era evitar la vía judicial.
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