Marina Castaño dice que quiso «sanear» la Fundación Cela y dejarla en Galicia

En el juicio que se celebra desde este lunes en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, cuya sede está en Santiago, ha confesado que siempre anheló mantener su carácter privado, pero a causa de la crisis económica, para cumplir el «expreso deseo» de su marido -de que siempre permaneciese en su tierra natal- no había más remedio que entregarla a la Xunta.

Es lo que ha dicho a preguntas del fiscal Álvaro García Ortiz, que demanda cuatro años y medio de cárcel y ocho de inhabilitación para Marina Castaño y las otras tres personas acusadas de cometer irregularidades en la gestión económica de esta institución ubicada en Iria Flavia, así como que se indemnice al Gobierno gallego con 150.000 euros. Además de la viuda del premio Nobel, se sientan en el banquillo el expatrono y exmiembro del Consello de Contas Dositeo Rodríguez, su hija Covandonga Rodríguez y el exgerente de la entidad Tomás Cavanna, en el caso de éste último por el abono precisamente de una indemnización de 150.000 euros por un controvertido despido que se supone no era tal.

Castaño ha explicado que sondeó alternativas antes de entregar la fundación a patrimonio público, como una colaboración con Caixanova que «no llegó a cuajar», por lo que, ante las «dificultades económicas» existentes, no vio otra opción más que otorgarla al Gobierno gallego. Y, al preparar todo para este fin, la entonces presidenta decidió tal y como ha rememorado prescindir del director gerente por entender que percibía «un sueldo que no podía mantener la Xunta» y, aparte, porque ya había sido incorporada Covadonga Rodríguez, como persona capacitada para tomar su relevo.

Sin embargo, la acusada ha evitado responder a las preguntas concretas del fiscal sobre determinadas fechas y conversaciones mantenidas con motivo de los trámites para el despido de Cavanna, ya que -según ha subrayado- son «muy difíciles» de responder tras los muchos años que han pasado desde estos hechos.

En cualquier caso, ha defendido que la indemnización por el despido del entonces director gerente tenía que ser generosa, puesto que su labor «superó» las expectativas marcadas, aunque ha insistido en que se ajustó a la normativa puesto que fue un trámite realizado por el equipo contable de la entidad.

«Todo tenía que ajustarse a lo que la ley dictaba», ha sostenido, puesto que nunca estuvo entre sus intenciones «faltar a la ley» en un momento «muy difícil» para la Fundación, que además tenía que «mantener la memoria» de un Cela que en vida se negaba a traspasar el patrimonio propiedad de la misma, en el que constaban obras de arte de autores del calibre de Pablo Picasso. Así pues, ha considerado que obró de la forma «más coherente» posible para garantizar el futuro de la entidad.

Castaño únicamente ha respondido a las preguntas formuladas por el fiscal y por su abogado, ya que ha ejercido su derecho a no declarar ante el turno de la acusación particular y el resto de las defensas han preferido no intervenir.

Asimismo, de forma previa a su interrogatorio, la Abogacía del Estado se ha visto obligada a abandonar la sala, puesto que tras el trámite de las cuestiones previas y el requerimiento unánime de las defensas, el juez ha entendido que no concurre «interés patrimonial» alguno de la Administración en la causa.