Mecenazgo: mal en todas partes

Fíjense que después de muchas legislaturas, el pasado abril se obró el milagro de un pacto entre el PDeCAT y el Gobierno Sánchez para la aprobación de una ley de mecenazgo, por la que se mejoraban sustancialmente los estímulos fiscales, se introducía la figura del micromecenazgo y se incluía la posibilidad de contemplar la prestación de bienes y servicios. Se aprobó por la Comisión de Hacienda del Congreso y solo faltaba el trámite del Senado para su aplicación a partir de 2024. Pero nuestro gozo en un pozo, porque la convocatoria de elecciones paralizó el trámite en la Cámara Alta, frustrando la modernización de una materia capital para la cultura española y nuestro patrimonio artístico. ¿Qué pasará en la próxima legislatura? Difícil de anticipar, por mucho que el texto legal fuera aprobado en abril por todos los partidos salvo Vox.

Habrá que ver quién gobierna, cuáles son sus prioridades y cuál es la filosofía de unas cuentas públicas que podrían estar afectadas por la presión de la UE en materia de reducción del déficit público. Para colmo, el PDeCAT no obtuvo ningún diputado en las pasadas elecciones, con lo cual su ausencia en el Congreso dejará sin «campeón» a la modernización pactada del mecenazgo. Pero no nos quejemos demasiado, porque incluso en países con legislaciones modernas en la materia tampoco lo tiene fácil. Véase el caso del Reino Unido, donde los ecologistas combaten el mecenazgo de empresas cuyo «pecado» consiste en dedicar solo el 2% de sus inversiones al sector de los combustibles fósiles. Pues eso, mal aquí y en todas partes…

La continua presión fiscal es una receta habitual que muchos gobiernos aplican por una prescripción basada, según ellos, en razones sociales: impuestos a los bancos y las energéticas, exacciones a las televisiones para que financien el cine y, quizás en un plazo no lejano, también una contribución obligatoria a las plataformas de música de pago y gratuita -la financiada con publicidad-, es decir, a los operadores del streaming musical. Esta última idea ya la ha anticipado en Francia Macron, quien ha dado de plazo hasta el 30 de septiembre para concluir una negociación que fije el montante del impuesto. Al parecer, se podría llegar en ese país hasta el 1,75% de los ingresos brutos de cada plataforma. ¿La razón del impuesto? Pues, como siempre, un aparente fin social: garantizar una remuneración justa a los creadores y músicos independientes. ¿Será el objetivo real? ¿No será la usual voracidad recaudatoria? A saber, pero lo que está claro es que el que paga la fiesta es el sufrido consumidor.

El jazz y su libertad formal fueron las gotas necesarias que unieron a Wayne Shorter con el océano de la vida. La vida de su tiempo, desde la segregación racial y la lucha por los derechos civiles, pero también desde las infinitas variaciones que le llevaron de la revolución del bebop y del hard-bop a la velocidad y al misterio de la conceptualización del jazz, de Coltrane y Sonny Rollins a Miles Davis o del saxo soprano y tenor a la abstracción con Weather Report. Shorter murió el pasado mes de marzo, dejando sin heredero la sucesión generacional de Charlie Parker y también un legado brillante con la mejor evolución del jazz moderno de los últimos 50 años. Amazon acaba de estrenar una miniserie de tres capítulos, con Brad Pitt como productor ejecutivo, de líneas biográficas, de autoexpresión sincera o de reflejo místico de un músico inolvidable. ¿Un epitafio? No, mejor una elegía.