Las claves del caso: Gil, autor «por sí mismo o a través de terceros»

Entre junio de 2005 y el verano de 2006, cuando los supuestos hallazgos excepcionales vieron la luz, se encontraron decenas de piezas que fueron almacenadas «en uno de los módulos del yacimiento». A partir del proceso de lavado de las piezas, y siempre en esta operación -arrancada en diciembre de 2005-, los empleados del yacimiento comenzaron a encontrar inscripciones con escritura y epigrafía con distintas temáticas: motivos cristianos, frases y nombres en latín, supuestos jeroglíficos egipcios, o palabras en euskera.

El Instituto de Patrimonio Cultural de España estudió parte de esas piezas -en concreto, 39- y calificó la mayor parte de ellas, 33, como «manipuladas por Eliseo Gil o por éste mediante terceras personas», dice la jueza. La magistrada insiste en este detalle de la autoría personal o inferida en su redacción: «Entre los meses de julio de 2005 y junio de 2006 Eliseo Gil, bien por sí o bien por terceras personas, realizó incisiones para dotar de diversas inscripciones en 36 piezas arqueológicas tardorromanas auténticas de cerámica (...) y ello con la intención de dotar a los hallazgos del yacimiento de un pretendido valor histórico-cultural-religioso que no tenían».

El plan necesitaba una base científica y, para ello, «con la finalidad de conferir a las piezas la trazabilidad que no tenían, y a sabiendas de la falsedad de los grafitos», Gil «concertó con Rubén Cerdán la realización de informes para corroborar la apariencia de autenticidad» de las revolucionarias inscripciones.

Cerdán hizo su trabajo. Recogió tres lotes de piezas «que le facilitó Eliseo Gil» y realizó tres informes en los que incluyó análisis espectroscópicos falsos atribuidos a un laboratorio francés. Hechos los informes, y «con la finalidad de obtener un beneficio económico de carácter ilícito», Gil y Cerdán «acordaron» que éste girase las facturas a la empresa de Gil (Lurmen), «a sabiendas de que ésta a su vez iba a repercutir su importe a la Diputación de Álava». Las facturas fueron de 5.817 y 5.888 euros.

La jueza cierra los hechos probados con los movimientos que precipitaron la denuncia por estafa. Las conclusiones de la Comisión Científico-Asesora reunida por la Diputación alavesa en 2008, «que no pudo concluir que los grafitos fueran auténticos», y la consiguiente denuncia de la Diputación alavesa en sede judicial en marzo de 2009.

La jueza recuerda en los hechos probados la chusca anécdota que pone en evidencia la ligereza de la investigación arqueológica de Gil y sus socios. Óscar Escribano, en un día «no precisado del mes de agosto de 2005, tomó una de las piezas arqueológicas halladas en la excavación y, valiéndose de un punzón, ejecutó en la misma la inscripción de la palabra 'Veleia'». Las personas que la lavaron creyeron haber encontrado una pieza «de alto valor histórico». Tras el revuelo, Escribano, que pactó al inicio del juicio aceptar un año de cárcel por este hecho, reconoció su acción. Manifestó que había sido «una broma».